Prisión preventiva para el productor frutillero que tenía 45 personas en condiciones de servidumbre

La Justicia Federal ordenó este martes la prisión preventiva para el productor frutillero de Arroyo Leyes, acusado de someter a servidumbre a un grupo de 45 personas de Santa Fe y Chaco, entre las que había dos menores de edad. Su detención se produjo la semana pasada, en un importante procedimiento policial, judicial y de agencias de control del Estado que asistieron a las víctimas.

Franco Poccia (25) permanece privado de la libertad desde el miércoles 1 de octubre y fue imputado el sábado por los fiscales federales de Santa Fe Walter Rodríguez y Milagros Traverso.

A pedido de la defensa, que solicitó plazo de 72 horas para estudiar el caso, el juez de Garantías de Rosario Eduardo Rodríguez Da Cruz dispuso un cuarto intermedio hasta este martes 8 de octubre cuando se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares.

La defensa, a cargo del abogado particular Pedro Busico, planteó al juez que “se trata de una cuestión de irregularidad ante la Ley de Contrato de Trabajo y no de un delito” y adelantó que apelará la medida privativa de la libertad, luego de que el magistrado rechazara un planteo de prisión domiciliaria.

Trata y servidumbre

Por contrapartida, el juez Rodríguez Da Cruz consideró acreditados los argumentos de la fiscalía, que le atribuyó provisoriamente a Poccia el delito de “trata de personas con fines de de sometimiento a la servidumbre, agravado por cuestiones de vulnerabilidad de las víctimas, menores de edad en dos casos y cantidad de de víctimas que ascienden a 45”.

El operativo ordenado por la Justicia Federal y realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe la semana pasada tuvo lugar en un predio rural ubicado a la altura del km 17,5 de la Ruta Provincial Uno, en jurisdicción de Arroyo Leyes.

La labor, que estuvo supervisada por el fiscal Rodríguez, quien estuvo en el lugar, contó con la colaboración de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Criminalística de la provincia; y de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y la Coordinación de Rescate Nacional.

En dicha oportunidad se produjo la detención de Poccia, sindicado como el principal responsable de la maniobra investigada.

Conferencia de prensa

A propósito del hecho, las autoridades brindaron una conferencia de prensa en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe el pasado viernes, donde los fiscales Traverso y Rodríguez, junto con el Director Provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, dieron un contexto a lo ocurrido.

“La Unidad Fiscal Santa Fe está interviniendo en un caso como consecuencia de una denuncia que se encuadró en el delito de trata de personas por explotación laboral, desde mediados de septiembre”, introdujo el Dr. Rodríguez.

“Hay una persona que asume el rol de denunciante y estuvo acompañada por otras dos. Estas tres personas fueron quienes se presentaron ante una comisaría local a radicar la denuncia”, apuntó.

Desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación reconocieron que si bien “puede ocurrir que esta situación esté naturalizada” en la zona, apuntó que “quien crea que está en condiciones de dar a conocer un delito de esta clase tiene, por supuesto, la posibilidad de hacer una denuncia”.

En ese sentido, el Dr. Galfrascoli sostuvo que “estamos hablando de un tipo de delito al cual lamentablemente estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo".

"No nos sorprenden condiciones como estas que se están dando” ya que “la vulnerabilidad social y el aprovechamiento por parte de personas que se granjean beneficios económicos por la situación lamentablemente se ve a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe”, destacó.

$ 300 mil por semana

Consultado por El Litoral, el Dr. Busico, a cargo de la defensa de Poccia, explicó que las víctimas referidas por la fiscalía “en realidad es gente que viene a Santa Fe por necesidad de trabajar, que vive en el campo porque elige vivir en el campo y que trabaja las horas que quiere pero no está obligada por el empleador”.

Reconoció que “se los trae para hacer recolección de cosecha -en este caso de frutillas- y si quieren ganar más dinero escogen trabajar doble turno”, ya que “se les paga aparte por hora, incluso más de lo que dice el convenio colectivo de la Uatre”, destacó.

También fue contundente en cuanto que “las personas que estaban en el campo pidieron quedarse ahí, a pesar de la presencia de la Uatre, Renatre y un organismo de protección de víctimas de trata”.

Y continuó: “Quieren quedarse hasta diciembre, que es lo que acordaron con Poccia, porque ganan 300 mil pesos por semana y trabajan entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía o de madrugada hasta 9 am si hace mucho calor”.

Cuestión habitacional

En cuanto a su cliente, “tiene una explotación en la que hace frutillas, zapallitos, berenjenas” según la etapa del año y que para ello “hace cursos en el Inta de lo que acompañé un informe de agrimensor donde consta que cumple con las ordenanzas”.

Consultado por las condiciones habitacionales del predio, Busico respondió que “hay dos campos, uno de una persona de nacionalidad boliviana de apellido Girón donde hay un rancho y viven hacinados. Mientras que en el campo de Poccia hay una construcción con 4 habitaciones con baño donde viven 4 personas por pieza”.

Apuntó que “otros prefieren alquilar en la zona; también hay trabajadores de la zona que no viven en el campo; y otros a los que se les alquilaban habitaciones linderas al campo”.