La provincia remató el BMW de un narco policía condenado

Incremento patrimonial

A propósito del derrotero judicial que llevó a Celer al banquillo por segunda vez, fue el fiscal Hernández quien explicó que el condenado "llevó a cabo su accionar delictivo mientras trabajaba como agente de la policía santafesina". Mencionó que "a principios de 2019, el área de Asuntos Internos de la secretaría de Control provincial le solicitó la justificación de un desmedido incremento patrimonial que tuvo entre 2013 y 2017 y había sido advertido a raíz de una denuncia anónima".

"Por su condición de funcionario público, el condenado estaba obligado a brindar información sobre el origen de sus ingresos económicos", sostuvo el fiscal. En tal sentido, subrayó que "el hombre el 44 años no pudo explicar de dónde había obtenido el dinero para adquirir un inmueble ubicado en Sauce Viejo, tres autos, dos camionetas, dos embarcaciones, un cuatriciclo y una motocicleta".

"A partir de informes de entidades públicas y privadas y de allanamientos realizados en propiedades de Celer, se determinó que, en total, el monto de dinero no justificado era de 1.660.536 pesos", aseguró el funcionario del MPA. "En diferentes etapas de la investigación, tres contadores emitieron dictámenes distintos que coinciden en que hubo enriquecimiento ilícito", añadió.

"Dada la voluminosa y concordante prueba en su contra, Celer reconoció su responsabilidad penal por el delito que le endilgamos desde la Fiscalía", destacó Hernández. "La magistrada, por su parte, consideró que el ilícito contra la administración pública fue cometido tal como lo atribuimos", afirmó.

La causa Barranquitas

En noviembre de 2017, Oscar Adrián Celer quedó en prisión preventiva en el marco de la investigación –que también encabezó el fiscal Ezequiel Hernández– por la cual fue condenado en mayo de 2019. Esa condena se le impuso a él y a otros tres policías (Cristian Basilio Gutiérrez; Exequiel Sebastián Romero y Leonardo Abel Velázquez).

"En aquella oportunidad, fue condenado por la coautoría de los delitos de tentativa de robo calificado (por ser en poblado y en banda; por el uso de arma de fuego; y por ser miembros de una fuerza de seguridad)", precisó el funcionario del MPA. Además, concluyó que "Celer y Gutiérrez también fueron condenados como autores del delito de portación ilegítima de arma de fuego de guerra".

Según quedó acreditado en la causa, los policías allanaron en forma ilegal una vivienda del barrio Barranquitas, donde creían que sus moradores escondían un cargamento de droga que pretendían "mejicanear". Además, al grito de "policía, policía", los uniformados buscaban dinero y armas.

Confabulación narco

En la órbita de la Justicia Federal, el fiscal Nº 2, Walter Rodríguez, solicitó el 1° de junio último la elevación a juicio para Celer, por hechos ocurridos entre el 3 de octubre y el 5 de noviembre de 2017, en los que se lo acusa por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público que dejara de promover la persecución penal de delincuentes", "exacciones ilegales en grado de tentativa", "confabulación para el comercio de estupefacientes, agravado por su condición de policía", "encubrimiento agravado" y "violación de secreto".

Para el fiscal Rodríguez es claro que Celer no cumplió, ni hizo cumplir la ley, cuando siendo funcionario policial se involucró en delitos de narcotráfico. En ese entonces, el "tripa" Celer operaba en sintonía con un narco residente en Paraguay llamado el Gordo Pascuala, pero también se lo menciona con actores de las causas de narcotráfico más resonantes de la región.