Salta: imputaron a los líderes de un templo Umbanda por trata de personas

Una pareja, líderes espirituales de una congregación Umbanda que veneraba a San La Muerte, quedó imputada esta mañana por el delito de trata de personas agravado por ser cometido con fines de explotación sexual y porque la calidad de “ministros de un culto” de los autores, tal como lo establecen los artículos 145 bis y ter, inciso 6 del Código Penal.

La imputación, presentada por el fiscal general José Eduardo Villalba de la Unidad Fiscal Salta, fue formalizada por el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio, quien también hizo lugar a otros pedidos de la fiscalía, entre ellos la prisión preventiva de ambos acusados.

Respecto a Jorge Juan Soria Villalba, dispuso que la misma sea de cumplimiento efectivo, por lo que ordenó su inmediata detención, mientras que María Ester Arroyo, cumplirá la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario. También autorizó el embargo preventivo de una propiedad de los acusados, en donde funciona el Templo a San La Muerte, en Villa San Antonio, a escasos minutos del centro de la ciudad.

También, y a instancia del Defensor de Víctimas Nicolás Escandar, se ordenó la devolución de un vehículo que usufructuaban los acusados, el cual pertenecía a una de mujer que había sido captada por los acusados, quienes terminaron quedándose con el dominio del auto, el que fue secuestrado en un allanamiento realizado a instancia de la fiscalía.

Concluida la audiencia, el fiscal Villalba se mostró conforme con las medidas dispuestas por el juez, ya que las mismas coinciden con la teoría del caso que lleva adelante la fiscalía. “Se trata de un caso muy sensible, pues está de por medio la dignidad de mujeres que, por su condición de vulnerabilidad, se vieron captadas por los acusados, los que lejos de darle una contención espiritual, se valieron de ese dolor y se aprovecharon de ellas”, explicó el fiscal.

Sostuvo, a su vez, que se trata de un caso complejo, con muchas aristas que aún son motivo de investigación, razón por la cual se solicitaron las medidas de coerción del caso, las cuales fueron claramente entendidas por el juez Bavio.

“No fue algo casual, sino una investigación que la Unidad Fiscal trabaja desde febrero pasado, cuando una persona se acercó y realizó una denuncia. Una vez que se realizó el allanamiento, en tanto, se sumaron otros testimonios que no hacen más que darle mayor firmeza a la acusación”, agregó.

Resaltó también el importante aporte brindado por la fiscal María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la que coincidió con la fiscalía respecto al encuadre legal del caso.

La acusación

Al presentar el caso, el fiscal señaló que los acusados, bajo la pantalla de líderes espirituales, se dedicaban a captar personas en estado de vulnerabilidad, siendo su cometido doblegarles la voluntad y así someterlos al ejercicio de la prostitución, en el caso de las mujeres.
Agregó que la conducta delictiva -establecida en el delito de trata de personas- se completaba con el desplazamiento patrimonial a su favor por parte de esas víctimas, las que debían entregarles a los acusados entre el 70 y 40 % de las ganancias obtenidas por una actividad que ellos mismos inducían.

“Esa captación iba dirigida a personas vulnerables, angustiadas, que llegaban a la congregación en busca de protección. Allí, si bien recibía cierta contención espiritual, a la vez se le generaba en ellos una exigencia de contribución, induciéndolas al ejercicio de la prostitución, para luego quedarse con las ganancias, situación que tenemos por probado ya en, al menos, dos casos”, acusó el fiscal.

Incluso señaló que el inmueble en el que residen y donde funciona el templo, según las pruebas reunidas, habría sido obtenido gracias al aporte dado por víctimas que fueron captadas e inducidas a prostituirse y realizar pago de cuotas mensuales, para lo cual los acusados no sólo se encargaban de facilitar los lugares para el ejercicio de la prostitución en esta ciudad, sino también en Bolivia.

Al respecto, la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, aportó una serie de pruebas que permiten a la fiscalía sostener esta hipótesis, entre ellas registro migratorios de los acusados y una de las víctimas, casualmente hacia el vecino país.

También se refirió a otros elementos probatorios que fueron obtenidos a raíz del allanamiento realizado en el templo, donde se secuestró un vehículo VW Gold Trend, una suma de 18.600 dólares, 61 mil pesos, un arma de fuego y numerosa documentación que ahora es motivo de pericias.

En este punto, el fiscal aclaró que, en vista del secuestro del arma, por la cual los acusados no tenían la documentación respectiva para su tenencia, se solicitó al juez la declaración de incompetencia y se derive el caso a la justicia ordinaria, planteo que fue aceptado por el juez.

“El objetivo de los acusados como líderes espirituales no tenía nada que ver con el culto. No tenemos dudas de ello, aquí están en juego los derechos humanos, pues a partir del dolor de la gente, un dolor funcional a los imputados, se llevó a las víctimas a una vida incompatible con la dignidad humana”, afirmó Villalba.

Medidas de coerción

Con este énfasis, el fiscal abordó su petición para que se dicte la prisión preventiva de Soria Villalba y Arroyo debido a la naturaleza y gravedad del hecho, en el cual el Estado Argentino tiene el compromiso internacional de abordar esta materia delictiva.

Además, resaltó el peligro de entorpecimiento latente, pues el acusado posee una gran influencia sobre las víctimas dada su condición de líder espiritual, al punto tal que logró doblegar la voluntad de las mismas, situación que también hizo extensiva hacia Arroyo.

Mencionó también la expectativa de pena negativa respecto a una condena de ejecución condicional y no descartó que, a partir de que se adopte la medida requerida, se presenten más víctimas, tal como ya sucedió en los últimos días.

El defensor de Victimas, en tanto, adhirió a los planteos realizados por la fiscalía, mientras que la defensa de los acusados no objetó la acusación, aunque sí se pronunció en contra de la prisión preventiva, oportunidad en que solicitó que se adopten otras medidas menos gravosas, como el compromiso de colaborar con el proceso o la presentación de sus clientes, en los tiempos que el magistrado disponga.

Tras evaluar los planteos y fundamentos de los mismos, el juez Bavio declaró la competencia federal del caso, como lo pidió la fiscalía; dispuso la prisión preventiva de Soria Villalba y Arroyo; dispuso la devolución del vehículo secuestrado a una de las víctimas y el embargo preventivo de la propiedad.