Solicitaron un jury para el juez que le otorgó prisión domiciliaria a "Ema Pimpi" Sandoval

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados integró esta mañana a sus miembros a fin de decidir la semana próxima si acepta o rechaza el pedido de jury para el juez rosarino Hernán Fernando Postma, quien otorgó la prisión domiciliaria a Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, asesinado hace ocho meses en una vivienda de La Florida mientras esperaba ser llevado a juicio por un intento de triple homicidio calificado. Ese beneficio, según el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, no tuvo racionalidad por el tipo de delito atribuido a Sandoval, que lo obligaba a transitar en prisión el proceso judicial. En razón de eso el funcionario ordenó que se abra el enjuiciamiento a Postma.

El trámite que se formalizó hoy es la integración de tribunal de enjuiciamiento. Este lo componen los seis ministros de la Corte Suprema, un senador y un diputado provincial, y dos matriculados sorteados a propuesta de los cinco Colegios de Abogados de la provincia. La semana próxima se abrirá el procedimiento que en caso de ser aceptado implicará la suspensión del magistrado acusado, que es miembro del Colegio de Jueces de Rosario, y la retención del 50 por ciento de su salario.

Barraguirre requirió la apertura de un juicio contra Postma por mal desempeño y falta de idoneidad técnica a raíz de haber autorizado la morigeración de prisión a los hermanos Emanuel y Lucas Sandoval. Postma designó al abogado Gustavo Feldman como su defensor y ya elevó un pedido al Tribunal de la Corte para que desestime el pedido de enjuiciamiento en la convicción de que los hechos por los cuales Barraguirre lo pidió son insustentables, en tanto no incurrió en causal de mal desempeño, por lo que de ninguna manera se podría justificar una acusación y menos una destitución.

El procurador basó su acusación en un informe de la Corte Suprema elaborado por el fiscal de Cámaras Guillermo Corbella que fue crítico contra Postma. Corbella indicó que Sandoval respondía por un delito que no permitía estar fuera de una prisión ni cumplía con las excepciones para ello. Al indagar sobre esto último supo que el 16 de mayo de 2018 el juez Postma lo autorizó a permanecer en un departamento de barrio Rucci tras un acuerdo entre el defensor Fausto Yrure y el fiscal Adrián Spelta de otorgarle una restricción en ámbitos cerrados con control de pulsera electrónica que, según Corbella, funcionó como una prisión domiciliaria encubierta.

Con posterioridad Postma autorizó por decreto, el 30 de abril de 2019, el traslado de Ema Pimpi a la casa de Pago Largo 654 en La Florida. Luego, al presidir la apertura a juicio del caso, sostuvo que Sandoval se encontraba en prisión preventiva domiciliaria. Con lo que para Corbella dio por hecho que estaba en esa situación.

En el escrito elevado ayer Postma se remitió a su descargo, cuando sostuvo que fiscal y defensor le presentaron un acuerdo y que lo suyo fue el control de legalidad, dado que no podía ir más allá de lo convenido por las partes. Indica que lo único que llamó la atención sobre su actuación fue el asesinato de Sandoval. "En el año y medio transcurrido entre mi resolución y el asesinato de Sandoval a nadie le pareció irracional o irregular mi desempeño. En cambio pocos días después es inicia un sumario que deviene a la postre en mi pedido de enjuiciamiento”, sostuvo el magistrado.

Postma señala como carente de racionalidad la postura de Barraguirre. Dice que pretende su enjuiciamiento “porque el beneficiario de la morigeración de la coerción resulta asesinado” y porque “no es hallado el audio de la audiencia” en la que se trató el asunto, soporte técnico que desapareció. “Pretende que se me enjuicie y destituya por dos circunstancias de las que soy totalmente ajeno”, estableció en su descargo.

En el Tribunal de Enjuiciamiento como legisladores actuarán el senador Armando Traferri y el diputado Maximiliano Pullaro. A partir del inicio del trámite, la semana próxima, el procurador será convocado en el plazo de diez días para formular la acusación. Luego el tribunal tiene 60 días para pronunciarse sobre si admite o no el inicio del jury.