El tribunal conformado por Aldo Baravalle, Mariana Vidal y Mauricio Clavero condenó este miércoles al religioso Pedro Ortiz y Hontoria a 15 años de prisión efectiva.
El ex director del nivel primario del colegio Sagrado Corazón, fue hallado culpable de cuatro casos de abuso sexual ocurridos entre 2018 y 2019.

El tribunal conformado por Aldo Baravalle, Mariana Vidal y Mauricio Clavero condenó este miércoles al religioso Pedro Ortiz y Hontoria a 15 años de prisión efectiva.
La sentencia se basó en pruebas contundentes que demostraron su responsabilidad en cuatro hechos de abuso sexual contra alumnas de 6º y 7º grado del colegio Sagrado Corazón, durante su desempeño como director en los años 2018 y 2019.
La fiscal Florencia Schiappa Pietra presentó durante el juicio una sólida acusación, acompañada por testimonios y evidencias que respaldaron las denuncias, tanto por abusos ocurridos en la institución como durante un viaje de estudios a Santa Rosa de Calamuchita.
Dos de los casos se habrían producido en una sala del colegio, cuando Ortiz convocaba a las niñas bajo el pretexto de corregir cuadernillos de matemática. Las víctimas relataron que esos encuentros eran una excusa para cometer los abusos.
Otros dos hechos ocurrieron presuntamente durante actividades recreativas en una pileta del hotel en Santa Rosa de Calamuchita, donde se realizaba el viaje escolar. Las niñas denunciaron tocamientos inapropiados por parte del docente.
Durante el proceso judicial, el “hermano Pedro” negó todas las acusaciones. Afirmó que nunca llevó a las alumnas a la dirección y que las actividades escolares que mencionaban las denunciantes eran propias del verano y no del ciclo lectivo regular. Sobre los episodios en la pileta, sostuvo que solo participó en juegos con los estudiantes y negó haber tocado a ninguna de forma inapropiada.
Pese a su defensa, el tribunal consideró acreditados los hechos denunciados y falló a favor de las víctimas.
La sentencia a 15 años de prisión representa un fallo contundente ante un delito que conmocionó a la comunidad educativa. El caso pone en foco la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de niñas, niños y adolescentes en ámbitos escolares, especialmente cuando quienes ocupan cargos de autoridad incumplen gravemente la confianza depositada en ellos.




