Los reclamos por fallas en el alumbrado público deberán resolverse en 48 horas

Con una ordenanza aprobada, el Concejo de Santa Fe puso una suerte de “resguardo” a favor de los derechos de los vecinos de esta capital, puntualmente de los barrios costeros: determinó la Municipalidad implementé un Sistema de Atención Ciudadana, por medios informáticos y digitales, y las empresas que resulten adjudicatarias aseguren que los reclamos por fallas en el alumbrado público sean resueltos en el término de 48 horas.

El aludido sistema de atención a los vecinos, además, deberá responder a dos parámetros clave. El primero, que se garantice el reenvío automático de los reclamos ingresados a cualquiera de las empresas concesionarias del sistema de mantenimiento de la red de alumbrado público o a la Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica (DAPE) de la Municipalidad, que servirá de este servicio a la Costa.

Y segundo, que se implemente un sistema de seguimiento de los reclamos “de manera que las empresas concesionarias y la DAPE dejen debidamente asentada la resolución del reclamo, o de los impedimentos o la imposibilidad de resolución en el lapso de 48 horas del ingreso de cada reclamo, y permitir que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento de su estado”, dice la norma sancionada por unanimidad.

En contexto, cabe recordar que el municipio solicitó autorización al Concejo para tercerizar el servicio de alumbrado público en la ciudad. El Legislativo aprobó su pedido, en una sesión con fuertes cruces políticos a favor y en contra de la propuesta. Luego, el 22 de octubre la Municipalidad llamó a licitación pública; se presentaron seis oferentes. En breve se conocerá la adjudicación.

La DAPE

La DAPE deberá dar respuesta en el mismo lapso de 48 horas a los reclamos que, en coincidencia con lo solicitado a las empresas concesionarias, se enumeran a continuación: reposición de las lámparas rotas, agotadas (terminación de su vida útil) o quemadas de la potencia correspondiente a la reemplazada; recambio de elementos auxiliares: balasto, capacitor, ignitor, drivers.

También, en los casos de recambio de interruptores fotoeléctricos y módulos de Telegestión; en la corrección de fallas o defecto de protecciones e interruptores diferenciales; reparación o reemplazo de tableros; reemplazo de cables eléctricos con fallas; por reparación o reposición de suspensiones, transversales caídos, columnas y postes (si no implican hormigonado).

Por último, el Ejecutivo deberá llevar un registro de la totalidad de reclamos por alumbrado público, elaborando un informe mensual acerca de los incumplimientos y demoras por fuera del plazo de 48 horas establecido para la resolución de los mismos. Y a los informes los deberá remitir al Concejo.

Derecho ciudadano

El concejal Carlos Pereira (Interbloque “Unidos”) fue el impulsor de la norma. En el recinto, consideró que con esta norma funciona como una ordenanza “espejo” de la autorización concedida al Ejecutivo para que tercerice el servicio de luminarias públicas.

Las empresas que administrarán el servicio tendrán un plazo perentorio de 48 horas para subsanar los inconvenientes que se produzcan en el alumbrado público: el corte de un cable, la rotura de una célula fotoeléctrica, etcétera, describió. “Esta norma genera el derecho de los vecinos de reclamar”.

Hay que ajustar la comunicación entre el municipio y las empresas para que los reclamos fluyan rápidamente. “Pero también, esta norma busca resolver una suerte de laguna que nos quedó, puesto que en la zona de la Costa (El Pozo, Alto Verde, Vuelta del Paraguayo, La Guardia, Bajada Distéfano, Colastiné norte y sur), el servicio de mantenimiento del sistema de alumbrado lo prestará el municipio a través de la DAPE”, recordó.

Allí, la situación “no puede ser de una injusticia para estos barrios de la ciudad con relación a la prestación del servicio en las dos Zonas (Norte y Sur) dentro del ejido urbano”, dijo Pereira. No es un capricho -aclaró-, y sabemos que la actual administración quiere trabajar de forma más efectiva. Pero no sería justo que esto lleve a ‘vecinos de primera y de segunda’”, advirtió.

Con esto creo que estamos llevando algo de tranquilidad a muchos vecinos de esos barrios de la Costa, porque ellos también estarán incluidos en la buena prestación del servicio, y que sus derechos también serán respetados”, concluyó Pereira.