El 6 de diciembre de 2018, con una ordenanza aprobada por unanimidad, el Legislativo declaró a la ciudad en emergencia social y alimentaria durante dos años, por la cual el Municipio debía adoptar todas las medidas “económicas y técnicas” y “hasta el máximo de los recursos que disponga” para garantizar el derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años. También se creó una mesa de diálogo social y económico, y un plan de empleo local.



































