El municipio de Santa Fe quiere que el precio del boleto de colectivos sea menor a 400 pesos

“Seguimos negociando”, fue la expresión de una alta fuente de prensa municipal a El Litoral. La “rosca” se dilata porque se está definiendo el aumento del boleto del servicio de transporte público de pasajeros por colectivos para la ciudad capital. Y el municipio capitalino “quiere definir un boleto que sea inferior a 400 pesos”, dijeron las mismas voces consultadas.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir El Litoral, este lunes se reunieron el secretario de Gobierno, Control y Convivencia Ciudadana, y Raúl Hurani (subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito, ex integrante del órgano de control de transporte) con empresarios representantes de las empresas operadoras Ersa Urbano y Autobuses SRL.

Fue a puertas cerradas en la oficina privada de Mastropaolo. Por cuestiones de agenda, el intendente Juan Pablo PolettiJuan Pablo Poletti no estuvo presente. “Aún estamos en eso, en la definición de la suba del boleto” deslizó el secretario municipal.

Desde el gobierno local insistieron en que, en la resolución de la suba, incide como principal problema “la incertidumbre que genera la gestión nacional”. Ocurre que el Fondo Compensador del transporte para el interior del país de momento no se actualizará. No habrá más plata en subsidios, dicho en términos simples.

Cabe recordar que los empresarios ingresaron una nota al municipio solicitando una suba de la tarifa plana de 734,74 pesos (hoy cuesta 220 pesos), lo cual significaría un aumento del 233%. “De ninguna manera evaluamos poner un boleto a 700 pesos”, les respondió el intendente Poletti. Pareciera haber con ello un tenso “tira y afloje”.

“Ninguna de las once ciudades que participaron de la reunión de intendentes (realizada la semana pasada) llevó el boleto a 700 pesos, es decir que lo que los empresarios piden no se ve en ninguna ciudad del país. “Sabemos que el boleto va a aumentar, pero no en la proporción que los empresarios reclaman”, agregó Poletti.

Rosario y Córdoba

Las ciudades de Rosario y Córdoba resolvieron incrementar el boleto hasta los 340 pesos. Desde 2022 la ciudad del sur, La Docta y la capital provincial venían acordando subas conjuntas y “unificadas”, algo que ahora se discontinuó.

La duda que surge es, en términos hipotéticos, la siguiente: si el municipio santafesino quiere un boleto menor a 400 pesos, ¿el aumento podría ser mayor a los acordados en Rosario y Córdoba, es decir, poco más de 340 pesos? Es una pregunta que aún no tiene respuesta.

En tanto, el servicio tal como se está prestando hoy ha disminuido en sus unidades operativas. Esto se nota en las largas demoras (de media hora, incluso 40 minutos) entre el paso de un coche y otro por una misma parada. El contexto que argumentan los empresarios es que la nafta aumentó un 81%, y que no tienen posibilidad de solventar esos costos tan elevados.

Aporte

Mediante resolución 001, el Ejecutivo liberó, el 5 de enero pasado -de fondos propios- un aporte no reintegrable para el sostenimiento del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros por Colectivos de 50.000.000 pesos, para las empresas prestatarias del servicio. Autobuses SRL recibió 10.038.083 pesos; Recreo SRL, 22.509.280 pesos; Ersa Urbano SA, 17.452.636 pesos.

La distribución de los montos se hizo en función a la proporción a los kilómetros recorridos por cada una y los pasajeros transportados durante el mes de noviembre de 2023.

Este aporte no reintegrable fue a pedido de la subsecretaría de Control de Tránsito. Seguridad Vial, Transporte y Movilidad, “en orden a restablecer un nivel de ingresos que equilibre la estructura de costos del sistema”. Dice el acto administrativo en sus considerandos.

“Es menester contribuir con un nuevo desembolso a los fines de mitigar los efectos adversos del aumento en el esquema de costos de las prestatarias y garantizar el sostenimiento en la prestación del servicio”, agrega.

La subsecretaría informó que los indicadores relativos a la prestación del servicio durante el período agosto a diciembre del 2023 muestran un “pronunciado descenso en el uso del sistema, lo que repercute negativamente en los ingresos de las empresas prestatarias”.