De qué se trata el instrumento que el Concejo le dio a Poletti para actuar contra los "robacables"

El video del hombre que a plena luz del día robó unos 40 metros de cable del Puente Colgante, sumado a la cantidad de hechos que se acumulan sobre este ilícito en la ciudad, llegó a la agenda del Concejo de Santa Fe. Se sancionó una ordenanza por la cual se adhirió a una ley provincial que versa sobre esta problemática.

Se trata de la Ley Provincial N° 14191 -y su Decreto Reglamentario 1499/23- por el cual se crea el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales no ferrosos. ¿Qué son estos metales? Básicamente, lo que tienen los cables de los tendidos eléctricos. Con esta adhesión, lo que se busca es “combatir el negocio ilegal de la venta del cobre, principalmente”, dijeron fuentes legislativas.

Los metales no ferrosos son aquellos que no contienen hierro ni ninguna de sus aleaciones: cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto; cromo; molibdeno; titanio; tantalio; niobio; tungsteno; cerio; aleaciones de aluminio-cobre; aluminio-manganeso; aluminio-silicio; aluminio- magnesio-silicio; aluminio-zinc; bronces al estaño; bronces al plomo; bronces al aluminio; bronces al silicio; bronces al berilio, etcétera.

Ahora, con esta adhesión, el Ejecutivo municipal estará habilitado para participar en la inspección y el contralor de los establecimientos que funcionan en la ciudad ejerciendo esta actividad (comercialización y acopio de metales no ferrosos).

También podrá regular vendedores, titulares o responsables de comercios y locales que realicen actividades comerciales e industriales con metales no ferrosos, quienes además deberán llevar un libro rubricado donde consten todos los datos sobre la compraventa y las personas que lo comercialicen.

Registro

Para poder realizar estas tareas de contralor, el municipio celebrará convenios con la Dirección Provincial de Registro de Desarmaderos de Automotores, Chatarrería, Comercio de Compraventa de Repuestos Usados y de Compraventa de Bienes Usados No Registrables (RE.DE.) con el objetivo de “perfeccionar el sistema registral municipal para lograr la correcta fiscalización” que establece la ley.

“Las personas físicas o jurídicas deberán registrar todas las operaciones que involucren la adquisición o recepción de metales no ferrosos por parte de recicladores y recolectores”, dice la ordenanza.

Y cuando estas operaciones se realicen por una cantidad que supere los 3 kilos o tengan por objeto cables de servicios públicos o materiales como placas de bronce, cruces o elementos religiosos, flexibles de cobre de medidores domiciliarios de agua y placas de porteros eléctricos, “deberá además completarse un formulario con carácter de declaración jurada, garantizando la licitud de la proveniencia de los metales”, explica la ordenanza.

Declaración jurada

Ese formulario deberá contenerlos todos los datos legales, tales como el nombre, apellido y número de DNI de los vendedores de dichos materiales; datos del dominio del vehículo en el que fueron transportado; “modalidades de compraventa realizada, especificando descripción y datos registrales -cuando resulte procedente- del bien comercializado, detallando asimismo fecha, número y monto del recibo oficial expedido con motivo de la operación comercial efectuada”.

En todos los casos “deberá existir una exacta correspondencia entre el material descrito en el libro rubricado, la documentación probatoria de su adquisición y legal tenencia, de su enajenación y las existencias en depósito. Y, en el caso de los cables de servicios públicos, deberá además demostrarse el origen lícito de los mismos mediante la exhibición y registro de la documentación correspondiente y resguardo de copias de la misma”, agrega la norma sancionada.

Venta ambulante

La ordenanza fue impulsada por la concejala María Beatriz Barletta y Leonel Méndez (ambos oficialistas, del Interbloque “Unidos…”). Barletta aseguró en el recinto que esta ordenanza “busca mitigar un problema que viene afectando profundamente a nuestra ciudad en los últimos tiempos, como es el robo de cables”.

“Este acto delictivo no sólo representa una amenaza para nuestra infraestructura, sino que también implica erogaciones millonarias para el municipio y por supuesto consecuencias muy adversas en la prevención de la seguridad de los santafesinos. Cuando los cables son robados, se interrumpen servicios esenciales como la electricidad y las comunicaciones”, cerró la edila.