Preocupación por terrenos intrusados en Guadalupe

Varios vecinos de barrio Guadalupe avanzaron sobre terrenos fiscales en la ampliación de sus patios. Esta intrusión se concretó durante los últimos meses de pandemia. Y todavía se pueden observar en el lugar restos de obra y de los imponentes tapiales que algunos levantaron en el fondo de sus casas.

La zona en cuestión está comprendida por las calles Gral. Paz al oeste, Talcahuano al este, Pasaje Roca al Sur y Matheu al norte. Son seis manzanas al sur y otras seis medias manzanas al norte. Allí, varios de los frentistas de calle Matheu ampliaron sus patios hacia Pasaje Roca.

En el barrio todos le llaman a estos terrenos "las canchitas de Macabi", incluso así las referencia el Google Maps, desde donde se pueden ver a través de las imágenes satelitales dichas intrusiones. Los terrenos tienen arcos de fútbol y están bien mantenidos, con el césped cortado. Son tierras fiscales y por allí iba a pasar la traza de la avenida de circunvalación de la ciudad, una obra que nunca se concretó, y los terrenos quedaron vacíos.

El avance de los intrusos no es nuevo. Durante la última décadas algunos vecinos comenzaron las ampliaciones de sus patios. Luego fueron otros, el de al lado, el de más allá, y así se fueron animando hasta alcanzar casi la totalidad de los lotes. Ahora, al transitar por la zona nadie podría sospechar de que se trata de una ocupación ilegal, ya que las ampliaciones están consolidadas en una verdadera urbanización.

Usurpaciones

El avance de vecinos sobre terrenos fiscales es un problema de larga data en la ciudad. El año pasado el foco estuvo en los terrenos usurpados detrás del CIC de Facundo Zuviría, donde personas que atraviesan una grave situación social habían levantado precarias viviendas ocupando un terreno destinado a un futuro plan habitacional. Tras varios meses de tensión e incertidumbre, finalmente las autoridades lograron deponer la actitud de los ocupantes y el terreno fiscal quedó en custodia de la Provincia hasta que se comience a ejecutar el plan habitacional tipo Procrear, con fondos nacionales.

Más acá en el tiempo, en los últimos meses también expuso El Litoral el conflicto desatado en los terrenos ubicados sobre la isla Sirgadero, en el acceso a Alto Verde, donde se levantaron una residencia de fin de semana, una guardería de embarcaciones y un galpón para la venta de lanchas, entre otras, sin ningún tipo de controles de parte del Estado.

Definiciones

Ahora el foco está puesto en estos terrenos de Guadalupe, en lo que algunos vecinos llaman "ocupación VIP". Otros dicen, en cambio, que ampliaron sus patios "para evitar que venga alguien y levante una precaria vivienda". Estos no quieren perder el apacible clima social de la villa junto a la laguna Setúbal, en un sector exclusivo de la ciudad. Lo cierto es que el tema despertó la preocupación de varias instituciones y organizaciones del lugar.

Según pudo saber El Litoral, días atrás se realizó una reunión informal de vecinos con autoridades representantes de los Estados nacional, provincial y municipal. También participaron de la misma referentes de las organizaciones Manzanas Solidarias, Canoa y Tramas, que vienen desarrollando acciones sociales en el barrio desde hace ya mucho tiempo, sobre todo en la zona más al norte de allí, en Bajo Judiciales y Playa Norte, muy cerca del lugar.

Por parte del Estado nacional participó de la reunión el representante local de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), Sergio Decoud; por Provincia, el secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda , Amado Zorzón, junto al director provincial de Localización y Adquisición de Tierras, Francisco Alda; mientras que por parte del municipio estuvo la directora ejecutiva del Ente Autárquico Santa Fe Hábitat, Paola Pallero, entre otros.

En la reunión, los vecinos mencionaron que durante 2020, mientras todo el mundo permanecía aislado en sus hogares por la pandemia, se concretaron al menos seis avances de obra sobre estos terrenos fiscales. "Antes era más lento, pero en los últimos meses tomó un fuerte impuso", dijo uno de ellos (se reserva su identidad).

Rastrillaje

Un equipo periodístico de El Litoral recorrió toda la zona y pudo constatar las intrusiones. Algunos colocaron postes con alambrado para delimitar lo que pretenden sea su terreno, mientras que los más osados levantaron muros con portones de acceso y salida para vehículos por el pasaje.

"A diferencia de los terrenos de atrás del CIC de Facundo Zuviría, nosotros acá no tenemos la custodia, por lo que no podemos intervenir", señaló Zorzón en diálogo con El Litoral. Mientras que unas cuadras más al norte, en Playa Norte, la provincia ya comenzó una obra de infraestructura urbana que transformará toda la zona.

Por su parte, desde la Aabe señalaron que ante este problema "existen dos caminos: uno es la intervención administrativa desde Edificaciones Privadas del Municipio, porque están construyendo por fuera de la normativa; y el otro camino es que la Agencia realice una gestión desde lo contencioso, a través de una constatación y presentación en el Juzgado Federal, lo cual lleva su tiempo". Sin embargo hasta el momento no se hizo ni una ni otra cosa. Y desde la Municipalidad se limitaron a decir que la decisión sobre cómo actuar ante el avance de los particulares sobre esos terrenos fiscales "es potestad de la Aabe".

Reclamo

Mientras tanto, las organizaciones sociales con un pie en el barrio reclaman que se frenen las ocupaciones y se disponga de un proyecto integrador para el uso de esas tierras, al tiempo que se ofrecieron a participar de la elaboración del mismo. Así se lo hicieron saber en una carta dirigida al gobernador Omar Perotti, a la ministra de Infraestructura Silvina Frana y al intendente Emilio Jatón.

"Es urgente detener el crecimiento de estas ocupaciones cómo así también intervenir en las ya realizadas, dado que este proceso irregular sobre tierras fiscales por parte de privados, obstaculiza y agrega diferentes complejidades a futuros proyectos urbanísticos sobre este suelo, que contemplen el interés público y social de toda la ciudadanía y no los intereses privados de unos pocos", sostienen desde las organizaciones que firman la carta: Manzanas Solidarias, Canoa y Tramas; junto a demás vecinas y vecinos.

Mientras el Estado en sus tres niveles dilata una definición para el destino final de los terrenos, las usurpaciones continúan.