El Gobierno investiga los balances de la AFA y la Superliga: hay USD 450 millones bajo sospecha

El Gobierno nacional, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la extinta Superliga por supuestas irregularidades en sus balances contables. La medida apunta a justificar el destino de más de 450 millones de dólares entre ambas estructuras.

Según detalló el Ministerio de Justicia, se detectaron observaciones por USD 111 millones en la AFA y USD 340 millones en la Superliga, actual Liga Profesional. La IGJ solicitó documentación respaldatoria sobre gastos e inversiones que, afirma, no estarían contemplados en los estatutos de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Sanciones económicas en juego

En un comunicado difundido este miércoles, el Ministerio de Justicia sostuvo que, ante una eventual falta de respuesta en los plazos establecidos, la IGJ podrá aplicar “sanciones económicas severas” tanto a las instituciones involucradas como a sus autoridades.

“La AFA es una asociación civil sin fines de lucro. Debe regirse por los mismos requisitos que se exigen a cualquier persona jurídica registrada ante la IGJ”, expresó Daniel Vítolo, titular del organismo, al fundamentar la decisión.

La lupa sobre la Superliga y la Liga Profesional

La mención a la Superliga —vigente entre 2017 y 2020— no es casual. Según fuentes oficiales, las observaciones de la IGJ datan de hace al menos ocho años. El último presidente de ese ente fue Marcelo Tinelli, antes de su disolución en pandemia y la creación de la Liga Profesional bajo control de la AFA.

Actualmente, la Liga Profesional es conducida por el propio Claudio Tapia, quien designó como CEO a Francisco Duarte. Ambos figuran entre los responsables alcanzados por la requisitoria de la IGJ.

Un mensaje político y contable

La decisión del Gobierno ocurre en medio de un tenso vínculo con la AFA, y mientras siguen su curso distintas causas judiciales que involucran a dirigentes del fútbol argentino. Aunque el comunicado no precisa años específicos de los balances observados, sí establece que todas las explicaciones deberán ser entregadas de forma documentada.

“Nadie está por encima de la ley ni tiene privilegios”, enfatizó Vítolo, marcando el tono de una medida que podría escalar si no hay respuesta institucional.