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ECONOMÍA

Un informe advierte sobre la "década estancada"

La economía argentina lleva más de 10 años sin crecimiento sostenido

El PBI se redujo un 12 % entre 2011 y 2019, antes de la pandemia. Si se suman dos últimos años, la caída llega al 16. Así se desprende de un trabajo de la consultora Ecolatina. Qué pasó con la inflación y el consumo en cada período, y una perspectiva compleja para la recuperación son otros de los datos consignados.

La economía argentina lleva más de 10 años sin crecimiento sostenidoLa economía argentina lleva más de 10 años sin crecimiento sostenido

Lunes 16.8.2021
 18:36

El Producto Bruto de la Argentina se redujo 12% entre 2011 y 2019, y hace diez años que la economía no crece en forma sostenida, según un informe de la consultora Ecolatina.

Por el contrario, el Producto cayó 16% si se suman 2020 y 2021 -años de pandemia- al análisis (sólo el año pasado la economía descendió casi 10%).

Este comportamiento no fue la norma en la región, donde el PBI per cápita creció 3,6% entre 2011 y 2019.

Resultado de este estancamiento, la Argentina quedó en el puesto 175 sobre un total de 192 países en el ranking de crecimiento de la década en cuestión.

Expansión

Entre 2003 y 2011, el PBI promedió una suba del 7% anual, habiendo alcanzado en 2005 los niveles pre-crisis de la convertibilidad y expandiéndose en forma genuina después.

Un escenario de superávits fiscal y de cuenta corriente, en un contexto de pagos de deuda externa acotados -a excepción del FMI en 2005- impulsaron a la inversión, que crecía a una tasa interanual de dos dígitos y lideraba la recuperación de la demanda.

Además, un mundo de buenos precios internacionales de commodities, en especial desde 2006, y un dólar competitivo fortalecieron la entrada de divisas y alejaron potenciales expectativas de devaluación.

Inflación

Una inflación que se instaló en la zona del 20% desde 2007 - a excepción de un 2009 de crisis internacional- y un resultado fiscal que se deterioró sistemáticamente impidieron que el crecimiento sostenido perdurara, indica Ecolatina.

La mejora de la demanda interna y la recuperación del salario en dólares impulsaron a las importaciones, erosionando también al superávit de cuenta corriente, que pasó a terreno negativo en 2010.

"Los pilares del crecimiento de la década anterior, entonces, se habían esfumado", advierte el reporte.

En 2011-2012 recrudecieron las tensiones en el mercado cambiario, que se "resolvieron" con el cepo, de manera transitoria y postergando una solución más duradera.

"En lugar de promover correcciones de fondo, las restricciones del mercado cambiario se aprovecharon para abaratar al dólar oficial, impulsando así al poder adquisitivo y el consumo de las familias", señaló el informe.

El objetivo se logró, y este componente de la demanda creció 4% entre 2012 y 2015 -ayudado también por el congelamiento tarifario, que elevó el gasto en subsidios, volviéndolo una porción tan relevante como difícil de sostener del déficit fiscal primario de 2015-.

A la vez, el consumo público también trepó, motivando que el consumo total escalara 6% durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, el resto de los componentes de la demanda se deterioraron (la inversión cayó 8%, en tanto las exportaciones se redujeron 16%) y el PBI de 2015 fue solo 1,5% mayor al de 2011. Considerando el crecimiento poblacional del período, el PBI per cápita marcó una caída de casi 5% en esta etapa.

Desde 2015

En diciembre de 2015, la economía argentina tenía importantes pasivos por el lado fiscal y cambiario, además de distorsiones relevantes de precios relativos. No obstante, tenía un activo clave: el bajo nivel de deuda pública relevante -es decir, con acreedores privados y organismos multilaterales de crédito-.

Apalancándose en esta virtud, el gobierno de Cambiemos intentó corregir los desequilibrios heredados y estimular el crecimiento al comienzo de su gestión. En la primera mitad del mandato logró algo de esto, y el PBI avanzó casi 3% entre 2016 y 2017.

Sin embargo, un acelerado incremento de la deuda en un país que no resolvía sus problemas de fondo frenó el influjo de capitales privados a comienzos de 2018, para luego provocar una salida constante de estas inversiones durante el año y medio siguiente.

Un déficit de cuenta corriente que había alcanzado los USD 30.000 millones en 2017, equivalente a 5% del PBI, y una deuda en moneda extranjera que había crecido USD 80.000 millones en dos años marcaban que la economía argentina necesitaba demasiadas divisas para funcionar; divisas que, al momento, empezaban a dejar de llegar.

En este marco, y para evitar una devaluación todavía mayor - o una vuelta del cepo- el gobierno de entonces recurrió al FMI en mayo de 2018. El préstamo del organismo multilateral aceleró el proceso de ajuste fiscal, pero limitó severamente las intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios, motivando sucesivos saltos del dólar en la segunda mitad de 2018.

En respuesta, se aceleró la inflación, que superó la barrera del 50% anual, y los salarios perdieron casi un quinto de su poder de compra. El consumo se desplomó y el PBI cayó casi 5% durante la gestión Cambiemos -y casi 8% a nivel per cápita-.

En pandemia

La llegada de la pandemia agravó la situación anterior y las restricciones operativas en una economía con demanda deprimida y sin financiamiento provocaron una caída del 10% en el PBI durante el año pasado.

Se endurecieron sensiblemente las restricciones a la compra de divisas, que ya habían sido reimpuestas en 2019 (y que alejan a los inversores de nuestro país).

"La década estancada, entonces, generó los cimientos para seguir estancados un tiempo más", alerta el informe.

LOS SUBSIDIOS SE DESBORDARON EN JUNIO

Los subsidios a sectores económicos, empresas públicas y fondos fiduciarios quebraron en junio la tendencia descendente de los meses previos, al registrar una suba interanual del 128,2%, con lo que el primer semestre cerró con un alza del 69,2%.

La información detallada de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) indica que en junio se concentró el 31,7% del total de gastos en subsidios del primer semestre.

Y, como es habitual en los últimos veinte años, el grueso de las erogaciones tuvo que ver con las compensaciones a las distribuidoras eléctricas y a la importación de combustibles.

Ese fue, precisamente, el motivo que generó el conflicto entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, en torno del porcentaje de aumento de las tarifas, cuya contracara es el aumento (o la disminución) de los subsidios.

En el primer semestre, las transferencias ascendieron a $ 524.828,7 millones, pero sólo en julio fueron de $ 166.521,9 millones.

La particularidad del mes fue que las transferencias para financiar gastos de capital fueron las que más se incrementaron (209,2%), si bien en valores absolutos siguen siendo notoriamente inferiores a las de gastos corrientes (subsidios propiamente dichos), que subieron un 63,1% en doce meses.

Junio representó un punto de quiebre en la evolución de los subsidios, que venían registrando mensualmente un descenso en su incremento interanual.

En enero, el incremento respecto del mismo mes de 2020 había sido de 501,1%, debido a que, por lo general, en los primeros días de una nueva gestión presidencial se someten a revisión los contratos de obras y servicios públicos y eso deriva en una postergación de los pagos de la administración pública.

A partir de entonces, el incremento porcentual fue descendiendo mes: 350,9% en el primer bimestre, 171,4% en el trimestre, 72% en el cuatrimestre y 51% en el acumulado de los primeros cinco meses.

Con la suba del 128,2% de junio, el aumento acumulado de la primera mitad del año se elevó al 69,2%, 18,2 puntos porcentuales más que el mes previo.

Las transferencias corrientes al sector energético fueron en el primer semestre de $ 352.668,2 millones, con una suba del 108,2%.

El grueso de esos subsidios se destinó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), con $ 234.897 millones, y a Integración Energética Argentina S.A. (IEASA, ex ENARSA), con $ 57.354,6 millones.

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