En agosto del año pasado Martín Guzmán anunció subsidios a 2,8 millones de hogares y entidades que en el país, a falta de gas natural, usan garrafas. El "Estado presente" aumentó de $ 338 a $ 414 el aporte por cada envase de 10 kilos de GLP. Si es que se consigue, sigue siendo más costoso no sólo al usuario sino al país. Pero representa el atraso por las obras que faltan; en 20 años de concesión, Litoral Gas no avanzó con las obras porque el esquema fue sometido a leyes de emergencias o a políticas populistas que reprimen tarifas de quienes pueden (deben) pagar. En un país serio, la energía no es una dádiva de ocasión electoral. Sólo por poner un ejemplo, Miguel Lifschitz intentó en su gestión llevar gas a la costa santafesina creando una empresa provincial. No lo logró, pero puso la necesidad en primera plana; ahora es el gobierno nacional el que avanza en la licitación del gasoducto Metropolitano que llevará el gas natural a Esperanza, Monte Vera o Recreo, y por la costa a Colastiné, Rincón, Calchines y Arroyo Leyes. En el sur santafesino, el avance del Gasoducto Regional Centro (más lejano en del Sur) llevará el servicio a buena parte de una zona relativamente rica (léase productiva, generadora de riquezas) del país. Son obras que deben esperar siempre decisiones de un poder central que suele demorar sus llegadas más allá del Área Metropolitana del Gran Buenos Aires.