Ordenan el arresto de Isabel Perón, Ruckauf y Cafiero

El ex senador y ex interventor de Mendoza, Antonio Cafiero, pidió este viernes la eximición de prisión al juez federal Raúl Acosta, que ordenó la detención de la ex presidente María Estela "Isabel" Martínez de Perón, del actual diputado Carlos Ruckauf y del ex legislador del PJ por la desaparición de Héctor Fagetti, secuestrado semanas antes del golpe de 1976. En España, donde reside desde hace décadas, la viuda del ex general y tres veces presidente Juan Domingo Perón espera que Acosta -juez federal de San Rafael, Mendoza- se expida sobre el planteo de Cafiero para luego definir una estrategia, dijo a DyN el abogado Atilio Neira. "Hablé con España pero no diré nada respecto a mi conversación con la señora de Perón. Veremos qué decide el juez respecto del pedido de Cafiero para luego establecer los pasos a seguir", se limitó a manifestar Neira, representante de "Isabel", en diálogo con esta agencia. La orden En una resolución a la que tuvo acceso DyN, y que fue difundida originalmente por el canal de cable Todo Noticias (TN), el juez Acosta ordenó a la policía establecer los domicilios de la ex presidente, de los ex ministros de su gobierno Cafiero y Ruckauf, y del ex titular del Senado Italo Luder, entre otros, por su responsabilidad en el secuestro de Fagetti. Acosta encomendó al gobierno de Mendoza reportar con carácter "urgente" los "domicilios actualizados" de los ex funcionarios acusados y de quienes, junto a ellos, intervinieron en la firma e implementación de los decretos del Poder Ejecutivo 2770, 2771 y 2772 del año '75. En el marco del decreto 2771/75, desde la intervención federal de Mendoza a cargo de Cafiero, se habrían dictado convenios que colocaron la policía y el sistema penitenciario provincial bajo el control operacional del Consejo de Defensa de la Nación, a los fines, justamente, de ejecutar los decretos 2770 y 2772 que disponían "aniquilar la subversión". El arresto de Fagetti, que se concretó el 25 de febrero del '76, habría sido producto de los convenios que dejaron a las fuerzas provinciales a merced de las decisiones de la Nación. El juez Acosta ordenó la detención de la ex presidente y sus colaboradores el 27 de octubre pasado, cuando resolvió indagar a los ex funcionarios. 'Libro de novedades' La medida fue consecuencia de la declaración indagatoria de Raúl Ruiz Soppe, imputado en una causa por crímenes de lesa humanidad que tramita el juez mendocino a partir de la derogación, en 2003, de las leyes de Punto Final y Obediencia debida. Soppe, acusado de haber participado del terrorismo de Estado, declaró ante el magistrado que actuó "bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas, en los términos de lo dispuesto por los decretos 2770, 2771 y 2772, todos del Poder Ejecutivo Nacional dictados el 6 de octubre de 1975", según consta en la resolución de Acosta. Las afirmaciones de Soppe fueron corroboradas por registros de la Policía de Mendoza, cuyo "libro de novedades" de la Unidad Regional 11 señala que el 10 de marzo del '75, Elsa Marta de Fagetti interpuso un recurso de habeas corpus por la desaparición de Héctor Aldo Fagetti, detenido el 25 de febrero de aquel año. Al escuchar el relato de Soppe, el juez amplió la investigación penal para determinar la responsabilidad "de quienes dictaron los decretos y en especial el 2772/75", que colocó a las fuerzas de seguridad y penitenciarias de Mendoza bajo el control del Consejo de Defensa nacional. Acosta, en su resolución, consignó que una vez "cumplimentadas" una serie de medidas previas, se "ordena la inmediata detención" de la ex presidente y sus ex ministros, y "de quienes resulten indicados por los informes, a los fines de recibirles declaración indagatoria como presuntos autores del delito penado por el artículo 142 bis del Código Penal", es decir la privación ilegal de la libertad. Fuente: DYN.