Proponen elevar al 10 % del PBI la inversión en educación

Mariela Goy
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La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) realizó este mediodía en la ciudad de Santa Fe el acto de presentación del proyecto por una nueva Ley de Financiamiento Educativo, que prevé un aumento gradual de la inversión en el área hasta llegar al 10 % del PBI en el año 2021.

La disertación se llevó a cabo en el auditorio de Amsafe Provincial (Rivadavia 3279) y contó con la participación de la doctora en Pedagogía y ex diputada nacional Adriana Puiggrós (Frente para la Victoria), que alcanzó a ingresar en el Congreso el proyecto de ley, en noviembre de 2015, antes de culminar su mandato. A su lado estaban Sonia Alesso, secretaria general de la Ctera y de Amsafe; y Miguel Duhalde, secretario de Educación de la Ctera.

La nueva Ley de Financiamiento Educativo prevé elevar la inversión en educación, llevándola del actual 6 por ciento del PBI al 10 por ciento, en forma progresiva entre los años 2016 y 2021. El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades, de acceso al aprendizaje y el conocimiento y apoyar las políticas de mejora de la calidad de enseñanza, según lo previsto en la Ley de Educación Nacional.

“Este lanzamiento nacional lo hacemos en simultáneo en todo el país hoy -23 de mayo-, día del aniversario de la Marcha Blanca de 1988, que justamente tenía como una de las consignas conseguir fondos para la educación”, dijo Sonia Alesso, durante una conferencia de prensa.

“Además del objetivo financiero, la iniciativa tiene metas educativas y pedagógicas a profundizar, como por ejemplo: la cobertura total del nivel inicial y de la escuela secundaria, el analfabetismo cero, el desarrollo de las escuelas rurales, el fortalecimiento de la infraestructura escolar”, explicó.

El texto para la nueva Ley de Financiamiento también establece que el gasto de educación deberá ser afrontado en un 60 % por el gobierno nacional y en un 40 % por los Estados provinciales. “Actualmente es al revés: la Nación aporta el 40 % y el 60 % las provincias. Creemos que es una ley absolutamente federal en el sentido de que va a ayudar a la situación económica de las provincias que hoy están teniendo serios problemas de financiamiento”, destacó la titular de la Ctera.

Alesso entiende que esta ley tiene que ser acompañada “por todos los diputados”, por lo cual invitó al acto a los legisladores nacionales por Santa Fe de los distintos partidos. “Queremos que escuchen la propuesta y nos acompañen cuando se trate en el Congreso de la Nación”, pidió.

Respondieron a la convocatoria los diputados nacionales Lucila De Ponti, Alejandro Ramos, Silvina Frana, Marcos Cleri y Josefina González (todos del FPV), Alicia Ciciliani (Partido Socialista) y la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun (FPV). También estaba presente Patricia Mounier, representante del Sadop -gremio docente que acompaña el proyecto de ley-, referentes de organizaciones de la CTA, entidades sociales y de derechos humanos.

“Buen instrumento”

A su turno, Puiggrós remarcó que el proyecto de su autoría es “un plan de trabajo que significa un compromiso de la docencia, de la sociedad y del Estado para que nuestra educación pueda tener un sostén seguro en un plazo razonable”.

Según consideró la diputada con mandato cumplido, “la educación no puede ser pensada siempre como una cuestión de urgencia, con medidas que cambian a cada rato, si no que tiene que partir de acuerdos importantes. Y el tema del financiamiento es sustancial”.

La anterior ley de Financiamiento Educativo -que se sancionó en 2005 y feneció en 2010- permitió aumentar la inversión en educación del 3,6 al 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).

“Nuestro proyecto es sensato y actualiza metas de la anterior Ley de Financiamiento, que se cumplió en casi su totalidad. Lo único que no se alcanzó a cumplir es el objetivo de llegar al 30 por ciento de jornada completa o extendida en todo el país, que era excesivo. Creemos que la ley es un buen instrumento”, destacó.

Otra proposición del proyecto es que el 8 % de la inversión sea destinado a la educación universal y obligatoria y un 2 % a la universidad y a ciencia y tecnología. “Se plantea una concepción integral de la educación, vinculada al trabajo, al desarrollo, a las necesidades del país, y comprometida con la formación de chicos, adolescentes y adultos. Hay que garantizar la educación inicial para todos los niños desde los 45 días a los 3 años y cumplir con la obligatoriedad de las salas de 4 años”, amplió Puiggrós.

Estado parlamentario

El proyecto se presentó en noviembre de 2015, tiene estado parlamentario y “cuenta con las firmas de diputados de diversas bancadas, aunque no de los legisladores oficialistas -aclaró-. De todas formas, hay algunos oficialistas que han dado su acuerdo porque es casi de sentido común”. Ahora, el proyecto tendrá que ser analizado por las comisiones de Educación y Presupuesto de ambas Cámara y debatido en los plenarios.