Asimismo, la resolución aprobada sostiene que el veto dispuesto por el Poder Ejecutivo, enmarcado en la continuidad de una gestión que por segundo año consecutivo administra el país sin una Ley de Presupuesto Nacional, "constituye un acto de absoluta irresponsabilidad institucional y representa un ataque directo a la universidad pública, a sus trabajadores, a sus estudiantes y al futuro de la Nación" y que sin presupuesto, "no hay plan, no hay previsibilidad y no hay cómo exigir una rendición de cuentas. Es una decisión política que promueve el desorden institucional y el ajuste discrecional".