Universidades mantienen su reclamo y el gobierno dice que las va a auditar

Lejos de bajar el tenor del conflicto entre el gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales, que vienen reclamando una actualización de los fondos luego del congelamiento del presupuesto 2023, la tensión va en aumento. Ahora, las autoridades de la administración central advierten que "hagan lo que hagan van a auditar" a las universidades, que ya confirmaron la realización de una masiva marcha federal en defensa de la educación pública para el próximo martes.

"Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a AUDITAR", apuntó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez desde sus redes sociales; postura que el titular del Ejecutivo se encargó de replicar.

Mientras se debate si corresponde o no que el Estado intervenga en los controles de los fondos universitarios, los reclamos siguen en pie, más allá del aumento anunciado el jueves. En rigor es un "70% en marzo que lleva la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales y otro 70% en el mes de mayo que alcanza los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales". Hasta ahí la comunicación oficial de hace apenas unos días. Casi en forma inmediata, el Consejo Nacional Interuniversitario (CIN) aseguró que la medida no había sido fruto de un acuerdo sino que se trataba de "un anuncio", una versión que el gobierno contradice mientras afirma que hubo cruces telefónicos entre unos y otros previos a la novedad informada a los medios por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Ambas partes se verán las caras el 30 de abril en una reunión donde, según fuentes del gobierno, se abordará la delicada ecuación del financiamiento pero también la auditoría de los fondos universitarios. Será una semana después de la marcha.

Las críticas

Mientras tanto, el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, alertó que "si no hay dinero" para hacer frente a las necesidades presupuestarias de la prestigiosa casa de altos estudios, "no va a quedar otra que cerrarla".

"Todavía no llegó plata de refuerzo del 2023. La plata que llegó para el rubro Educación llegó en enero y febrero a valores del año pasado y en marzo prometieron un 70% de refuerzo, pero eso todavía no llegó: ahora dicen que en mayo va a llegar otro 70%", sostuvo en declaraciones radiales. Además, remarcó que esas sumas prometidas por el Gobierno están lejos de compensar el desequilibrio generado por la inflación: "No nos alcanza", resumió.

Al ser consultado sobre la cuestión de los estudiantes extranjeros que se forman en las universidades nacionales, Gelpi precisó que en la UBA son apenas un 6% del universo total de alumnos, por lo que explicó que cualquier tipo de arancel que se les quiera imponer "no sería significativo para las arcas de la universidad". En ese sentido, señaló que ya aportan a través de los impuestos que pagan "porque viven en el país" y además remarcó que "la presencia de extranjeros es muy importante" por el intercambio que se produce.

"Para cambiar el régimen de gratuidad habría que modificar la Constitución", advirtió.

Por su parte, el director General de Cultura y Educación bonaerense y ex ministro de Educación, Alberto Sileoni, aseguró que "por primera vez, hay un Gobierno que no ve a la Educación como una variable estratégica para el avance de un país". "El primero que vio la educación así fue (Manuel) Belgrano hace 220 años", sostuvo el funcionario provincial.

"El de Milei es un Gobierno que desprecia la Educación pública; es un desprecio que era discursivo antes de asumir y ahora lo lleva adelante con políticas públicas", señaló.

Pedido de sesión

A todo esto, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un escrito al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para solicitar una sesión especial con fecha del próximo miércoles 24 de abril y así tratar la modificación del Presupuesto con una actualización dirigida a las partidas para universidades nacionales. De concretarse la reunión, se haría al día siguiente de la marcha prevista, como se dijo, para el martes 23.

El temario incluye el pedido de tratamiento de la iniciativa de Romina del Plá para declarar la emergencia presupuestaria de las obras sociales de universidades nacionales; y otro de Mónica Litza con la modificación del incremento y actualización de presupuesto para las casas de altos estudios. Además, se suma el proyecto del diputado nacional Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales. Y pedidos de declaración de emergencia presupuestaria del sistema universitario impulsados por Christian Castillo (FIT-U) y Julia Strada (UP).

El pedido para sesionar lleva la firma de 24 diputados de UP. Entre otros, están las del jefe de bloque Germán Martínez, la vicepresidenta primera Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Blanca Osuna, Mónica Macha, Máximo Kirchner y Carlos Heller.

Adhesión de ámbitos científicos

Autoridades de Centros Científicos Tecnológicos (CCTs) del CONICET manifestaron su apoyo a la declaración del Consejo Interuniversitario Nacional "en defensa de la ciencia y el sistema universitario". "Defendemos el derecho de las y los jóvenes de acceder, según su deseo y vocación, a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre", exponen en un documento en el que convocan a participar de las actividades organizadas para el próximo 23 de abril en cada una de las sedes en las que se emplazan los centros científicos y tecnológicos de CONICET.

En ese sentido, se recuerda que en la ciudad de Santa Fe, la Marcha Federal Universitaria será a las 17 con un acto en el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) (Bvard. Pellegrini 2750). Mientras que en Paranà, será desde las 16 en la Plaza 1º de Mayo para culminar en la Casa de Gobierno de la vecina provincia de Entre Ríos.