Bolivia intervino la Agencia Nacional de Hidrocarburos en medio de la crisis de combustibles

El Gobierno de Bolivia tomó el control de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), un día después de intervenir la petrolera estatal YPFB. La medida busca supervisar toda la cadena logística de los combustibles en medio de los problemas de abastecimiento, especialmente de diésel, que provocaron extensas filas de camiones en las estaciones de servicio.

La intervención fue encabezada por el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco; el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano; y el viceministro de Transparencia, Yamil García. Entre las primeras acciones se contempla una revisión de la estructura y del personal del organismo.

“Tenemos como objetivo principal que el abastecimiento a la población se dé, y se tiene que dar”, afirmó Blanco durante una conferencia de prensa.

Medida por 180 días

El procedimiento se llevó adelante en las oficinas centrales de la ANH, en La Paz, bajo el Decreto Supremo 5699. La normativa establece una medida extraordinaria y temporal de hasta 180 días para revisar los mecanismos de regulación, supervisión, control y fiscalización del sector.

Durante ese período, el Gobierno podrá implementar medidas correctivas, realizar auditorías y determinar eventuales responsabilidades administrativas, técnicas y operativas.

La intervención de la ANH se suma a la realizada sobre YPFB y amplía el control estatal sobre las distintas etapas vinculadas al traslado y comercialización de los carburantes.

Qué función cumplen YPFB y la ANH

YPFB está a cargo de importar, almacenar y despachar gasolina y diésel hasta las estaciones de servicio. La ANH, en tanto, tiene la responsabilidad de fiscalizar el recorrido de las cisternas desde las plantas hasta los puntos de comercialización.

Según las autoridades, algunas de las principales vulnerabilidades del sistema se encuentran precisamente en ese trayecto.

Entre las irregularidades señaladas aparece una interrupción en los mecanismos de información entre los despachos de YPFB y los surtidores. Esta situación dificultaba determinar con precisión qué cantidad de combustible salía de las plantas y cuánto llegaba finalmente a los consumidores.

Denuncias sobre el traslado de los carburantes

El Gobierno también informó sobre situaciones que podrían haber afectado el control de las cargas.

Entre ellas mencionó casos de cisternas cuya capacidad era inferior a los volúmenes de combustible registrados, además de posibles modificaciones en los sistemas de geolocalización utilizados para alterar los recorridos de los vehículos.

Las autoridades buscan determinar el alcance de estas irregularidades y reforzar los controles sobre el transporte y la distribución.