Pedro Castillo fue condenado este miércoles a 11 años y 5 meses de prisión por intentar cerrar el Congreso de Perú en diciembre de 2022. El fallo fue emitido por la Corte Suprema, que lo halló culpable de rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público.
Castillo había intentado instaurar un gobierno de excepción e intervenir el Poder Judicial, apenas horas antes de que el Parlamento votara una moción para destituirlo por “incapacidad moral permanente”. La Fiscalía había solicitado 34 años de prisión.
El juicio incluyó testimonios de exfuncionarios y fuerzas de seguridad de Perú. Foto: ReutersEl día del golpe fallido
El 7 de diciembre de 2022, Castillo dio un mensaje a la nación donde ordenó disolver el Congreso, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto. La medida no tuvo apoyo institucional: el Congreso lo destituyó y la policía lo arrestó cuando se dirigía con su familia a la embajada de México.
Su familia logró asilo político. Castillo no. Desde entonces permanece detenido en una base policial de Lima, donde este miércoles escuchó el veredicto. A pesar de los múltiples procesos por corrupción en su contra, este juicio fue el primero en llegar a sentencia.
Un gobierno breve, inestable y convulsionado
Maestro rural y sindicalista, Pedro Castillo llegó al poder en 2021 tras derrotar en el balotaje a Keiko Fujimori. Gobernó durante apenas 16 meses, tiempo en el que modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de funcionarios. Esa inestabilidad provocó una fuerte parálisis institucional.
Antes del fallido autogolpe, ya había sobrevivido a dos intentos previos de remoción. Su vínculo con presuntos casos de corrupción y su enfrentamiento con el Congreso opositor marcaron su gestión.
Betssy Chávez fue condenada y continúa asilada en la embajada de México en Lima.Betssy Chávez, condenada y asilada
La sentencia también alcanzó a su entonces primera ministra, Betssy Chávez. Fue condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión como coautora del intento de golpe. Sin embargo, permanece asilada en la embajada de México desde principios de noviembre.
El tribunal ordenó su captura, pero el gobierno interino de Perú aún no le concedió el salvoconducto para salir del país. Chávez es acusada de haber coordinado junto a Castillo y el ex asesor presidencial Aníbal Torres la acción institucional que intentó suprimir el orden democrático.