Una jueza federal de Estados Unidos, Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, dictaminó que el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” debe ser desmantelado en un plazo de 60 días y que no se permita el ingreso de nuevos migrantes. La decisión responde a una demanda presentada por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, por el impactoen los Everglades.
El fallo prohíbe la construcción de nuevas estructuras, la instalación de tiendas de campaña o dormitorios, así como cualquier pavimentación, excavación o cercado adicional en la zona. La medida también impide traer a personas que no estuvieran detenidas en el lugar al momento de la orden, aunque permite mantener la infraestructura existente.
Medidas ambientales y derechos indígenas
Tras los 60 días, las autoridades deberán retirar cercos, iluminación industrial y las instalaciones de gas, drenaje y desechos, para permitir el paso de la tribu Miccosukee, que habita la región. El centro había sido abierto el 3 de julio en un aeropuerto abandonado tras una visita del expresidente Donald Trump.
Vista aérea del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz en Florida. Crédito: REUTERS.Los demandantes destacaron la importancia de proteger la biodiversidad de los Everglades, donde habitan 36 especies endémicas amenazadas, incluyendo panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos.
“Esta es una victoria emblemática para los Everglades e incontables estadounidenses que creen que las especies en peligro deben protegerse, no explotarse”, señaló Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades.
Polémica y supervisión del centro
“Alligator Alcatraz” ha generado polémica desde su apertura. Legisladores que visitaron la instalación describieron condiciones extremas, con migrantes confinados en jaulas bajo intenso calor, presencia de insectos y comida insuficiente.
La infraestructura del centro albergaba hasta 2.000 migrantes. Crédito: REUTERS.La administración del centro también ha sido motivo de debate. Mientras Florida asegura operar la instalación temporal bajo acuerdos con agencias estatales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), persisten dudas sobre la supervisión y la responsabilidad final de las decisiones diarias.
El centro, ubicado a poco más de una hora al oeste de Miami, fue presentado por el gobernador Ron DeSantis como una medida “temporal” para aliviar la presión sobre cárceles y agencias policiales del estado frente al aumento de inmigrantes.