La condena a 12 años para Álvaro Uribe, un hecho “histórico” para la justicia colombiana

Jair Bolsonaro en Brasil durante las últimas horas y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina hace un par de meses son sólo una parte de la tendencia creciente de decisiones de los poderes judiciales en los Estados de Sudamérica en los últimos años.

Sumado a los casos más resonantes de Perú y Ecuador, ahora se observa y analiza la condena a 12 años de prisión domiciliaria para Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia durante dos periodos entre 2002 y 2010.

Uribe, cuestionado por la actual gestión de Gustavo Petro, siendo este uno de los principales argumentos de quienes reclaman falta de transparencia y certezas en el proceso judicial, es el primer ex mandatario colombiano en ser sentenciado.

La pena se conoció el viernes por parte de la jueza Sandra Heredia, quien solicitó su ejecución inmediata luego de que el líder fuera declarado culpable de soborno de testigos y fraude procesal.

Joaquín Bernardis, del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la Universidad Católica de Santa Fe, habló en CyD Litoral sobre la condena y parte de los episodios que derivaron en la misma.

Parte del proceso hasta la condena

Joaquín Bernardis definió al caso como “algo histórico en el sistema político colombiano” porque “es el primer presidente condenado en términos judiciales”.

“Recordemos, Álvaro Uribe, presidente muy reconocido, sobre todo a principios de milenio en Colombia, gobernó dos mandatos. Fue el punto álgido del combate contra el narcotráfico y contra las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, repasó Bernardis.

Sobre sus ocho años, y en referencia a la violencia también vivida previamente, el especialista expresó: “Fue un periodo muy sangriento en la historia de Colombia. No sólo en términos de fallecidos entre los guerrilleros y militares, sino también los civiles, los llamados ‘falsos positivos’, personas que fallecieron y no eran objetivo del Ejército Colombiano”.

“Luego de lo que fue su época presidencial, fue una especie de ‘playmaker’, el que ordenaba la política colombiana, por lo menos hasta que llegó Gustavo Petro. Fue el encargado de elegir como su sucesor a Juan Manuel Santos, reconocido por este acuerdo de paz con las FARC y que Uribe luego lo llamó ‘traidor’”, describió Bernardis sobre el rol central que poseía el condenado.

Respecto a la constante del drama en el país, el licenciado en Relaciones Internacionales manifestó: “Colombia no logra resolver estos conflictos internos. Sobre todo en las zonas menos desarrolladas, donde siguen habiendo guerrilas y prolifera el narcotráfico”.

Las acusaciones

“12 años de prisión son bastantes años”, remarcó Bernardis sobre la condena que inicialmente se esperaba que fuera de sólo nueve años.

Sobre la vía para llegar a esta situación, el columnista indicó que se puede entender como “dos posibles causas”. “Una es la del fraude procesal. Tratar de entorpecer el proceso judicial propio. Y el otro caso son algunos sobornos para paramilitares, otros de los actores violentos que generalmente están en las zonas menos desarrolladas, cerca del Amazonas, lejos de la costa, y que en general tienen su patrón al que le deben la lealtad en términos de mercenarios”, describió.

“También estos paramilitares fueron actores claves en la gran cantidad de fallecidos en las últimas décadas en el país”, agregó Bernardis.

Otro elemento clave que resaltó fue que “este juicio comenzó en 2020, durante la época de Iván Duque y avanzó precisamente durante los últimos años en la presidencia de Petro”.

Rechazo a la solicitud de Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá rechazó este lunes la solicitud presentada este lunes por la defensa del expresidente Uribe, donde pedía por la suspensión de la pena y su puesta en libertad inmediata.

El juez de la Sala Penal de esta corte Leonel Rogeles decidió "no decretar la medida provisional solicitada" por el abogado del exmandatario, Jaime Enrique Granados, alegando que la petición "no cumple los estándares de urgencia, necesidad, (e) impostergabilidad", y ha advirtió en su escrito de que no cabe posibilidad de recurrir esta resolución.

El hecho de que el caso haya quedado bajo jurisdicción de la justicia capitalina y no la Corte Suprema se debe a que en 2020, luego de permanecer 66 días detenido, Uribe renunció a su escaño como senador y allí el tribunal superior perdió su facultad.