Este domingo 30 de noviembre hay más de 6 millones de ciudadanos de Honduras habilitados a votar en las elecciones presidenciales en las que se elegirá el reemplazo de Xiomara Castro, primera mandataria mujer del país.
Son tres los candidatos principales para reemplazar a Castro. Hay acusaciones mutuas de pretenciones de fraude.

Este domingo 30 de noviembre hay más de 6 millones de ciudadanos de Honduras habilitados a votar en las elecciones presidenciales en las que se elegirá el reemplazo de Xiomara Castro, primera mandataria mujer del país.
Tras las internas, quedaron cinco partidos que aprobaron los requisitos del Comité Nacional Electoral (CNE), con tres de ellos como los fortalecidos o con chances concretas de presidencia: Nasry Asfura del Partido Nacional y principal opositor; Rixi Moncada de Libertad y Refundación y candidata oficialista; y Salvador Nasralla del Partido Liberal, ex aliado de la presidenta Castro.
El ganador tomará el mando hasta 2030 en un país que ha mejorado sus índices de violencia, pero continúa siendo de los más riesgosos de la región tras alcanzar un pico de tasa de homicidios en 2013 con 79 por cada cien mil habitantes.
Los desafíos se extienden en la lista, pero junto al narcotráfico asoma una potente desigualdad con 20% de la población con más del 60% de la riqueza del país y casi un 50% de la población en pobreza extrema.
En paralelo, los hondureños de los 18 departamentos elegirán 128 diputados titulares al Congreso y 128 suplentes, 20 diputados titulares al Parlamento Centroamericano y 20 suplentes y 298 alcaldes y 298 vicealcaldes.
El más reciente informe de Transparencia Electoral brinda un buen puntaje general a Honduras, pero la califica con una Observación Electoral “con déficit”. El tópico de peor calificación es la Calidad Democrática de la Administración Electoral.
Allí es de donde surgen polémicas de este 2025. Entre junio y agosto se produjo una fuerte crisis interna en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por cambios en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), luego de que las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall aprobaran una enmienda que permitía corregir manualmente actas con inconsistencias antes de publicarlas.
La tensión escaló el 7 de julio, cuando colectivos del partido Libre bloquearon el ingreso de empresas oferentes para el TREP y solo permitieron participar a Smartmatic, lo que fue considerado un intento de imponer un modelo. Ese mismo día el consejero Marlon Ochoa denunció ante el Ministerio Público que la enmienda al TREP había sido publicada sin convocar al pleno.
Se multiplicaron las denuncias cruzadas: organizaciones ciudadanas acusaron a Ochoa y a los suplentes de delitos electorales y traición a la patria al paralizar las sesiones del CNE, mientras que líderes de Libre fueron denunciados por impedir la presentación de ofertas.
El 3 de agosto los tres consejeros lograron un acuerdo por consenso: se eliminó la verificación humana previa de actas inconsistentes y se dispuso una validación automática seguida de un proceso de revisión completo al día siguiente de la elección. Las actas no corregidas se publicarían, pero sin integrar la sumatoria preliminar.
A este incidente se le suma la presentación por parte del propio Ochoa de una serie de audios en los que supuestamente la consejera López y el jefe de la bancada del Partido Nacional planeaban boicotear las elecciones otorgando licencias a una empresa en específico y haciendo alusión a que las fuerzas armadas “estaban de su lado”. La defensa argumentó que se trataban de creaciones con inteligencia artificial.
En lo que respecta a los relatos de los involucrados directamente en los comicios, Nasralla acusó a Moncada de “comprar voluntades”, contar con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Venezuela e intentar manipular el resultado mediante el uso de fuerzas militares.
La presidente Castro aseguró que tendrán elecciones generales "libres, transparentes y respaldadas por la voluntad soberana del pueblo", postura avalada por la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En paralelo, Donald Trump publicó en Truth Social su apoyó directo a Asfura y trazó líneas directas del oficialismo hondureño con Nicolás Maduro: “La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura”.
“Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice ser su ídolo, Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla”, escribió el presidente estadounidense y agregó: “Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él”.
El objetivo de Trump en aplicar la "Doctrina Monroe" con la lucha contra el narcotráfico como argumento principal en Centroamérica y el Caribe suma a Honduras a la discusión pública y plantea una conexión con sus operaciones frente a las costas venezolanas, sumando "amenazas" contra los votantes de que su apoyo dependerá de los resultados electorales. Un escenario similar en lo discursivo al planteado desde la Oficina Oval junto a Javier Milei de cara a las legislativas de octubre pasado en Argentina.
Más cerca del comienzo de las comicios, este viernes, Trump también anunció el indulto del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien cumple en EE.UU. una condena de 45 años por tres cargos de narcotráfico. Había sido extraditado a Nueva York el 21 de abril de 2022, tres meses después de dejar el poder en Honduras tras dos períodos consecutivos de gobierno, el segundo de manera fraudulenta porque fue reelegido a pesar de que la Constitución hondureña no lo permite.
A su vez, organizaciones internacionales como Transparencia Internacional han manifestado su “preocupación por la inestabilidad política en Honduras”. “Honduras se encuentra en un momento crucial para su democracia. Cualquier intento de manipular o socavar el proceso electoral debe ser rechazado de manera firme”, expresó François Valérian, presidente de Transparencia Internacional.




