Israel prohíbe a más de 20 ONG en Gaza por supuestos vínculos con Hamas

El gobierno israelí anunció este martes que prohibirá el accionar de más de 20 organizaciones humanitarias que operan en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), a quienes acusa de colaborar con Hamas. La medida entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y alcanza a un 15% de las ONG activas en el enclave.

Según el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, estas entidades no cumplieron con los requisitos actualizados de transparencia sobre financiamiento, personal y operaciones. Además, apuntaron específicamente contra MSF por “no aclarar los roles de empleados que estarían involucrados en actividades terroristas”.

La respuesta de las organizaciones

Médicos Sin Fronteras respondió que nunca emplearía conscientemente a personas involucradas en actividades militares y que está investigando las acusaciones. En 2024, ya había sido señalada por Israel, pero rechazó las imputaciones y mantuvo sus operaciones en terreno.

Otras organizaciones humanitarias acusaron a Israel de imponer normas arbitrarias que ponen en riesgo la asistencia básica a la población. Actualmente más de 2 millones de personas viven en condiciones críticas en Gaza, con escasez de alimentos, medicinas y electricidad.

El gobierno israelí asegura que respeta el flujo de ayuda pactado en el alto el fuego del 10 de octubre. Sin embargo, las ONG sostienen que el volumen de suministros no es suficiente para cubrir las necesidades mínimas de los civiles. La tensión escala con cada nuevo cruce de acusaciones.

Camiones con alimentos, agua y asistencia médica son inspeccionados rigurosamente antes de entrar a Gaza, y muchas veces quedan varados durante días. Las imágenes de barrios enteros en ruinas, niños heridos y hospitales colapsados recorren el mundo desde hace semanas.

Ley contra la agencia de la ONU para los refugiados palestinos

A la par de esta decisión, el Parlamento israelí aprobó una ley que autoriza el corte del suministro de agua y electricidad a inmuebles de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. La norma también permite al Estado tomar posesión de terrenos públicos utilizados por el organismo.

La ONU calificó la ley de “escandalosa”. Philippe Lazzarini, director de UNRWA, denunció que la medida se enmarca en una “campaña sistemática” para desacreditar su labor humanitaria. En 2024, Israel ya había expulsado a la UNRWA de su territorio por acusaciones similares.