En este documento los Legionarios reconocieron, entre otros errores, haber carecido de empatía con las víctimas y no haber asumido “la responsabilidad de investigar los hechos, sancionar los delitos y reparar la justicia”. Entre sus promesas a futuro, aseguraron que colaborarán con la justicia en la investigación de casos, darán a conocer los nombres de los sacerdotes condenados -“a menos que la ley civil aplicable lo prohíba”-, e investigaran las denuncias por negligencia y encubrimiento. Unos mandatos que se pondrán en marcha a partir de junio, cuando el documento entre en vigencia y el nuevo director, John Connor, elegido en el capítulo general, tome posesión por los próximos seis años.