Sheinbaum endurece su postura ante Estados Unidos por el caso Sinaloa

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo momento de tensión luego de que el Departamento de Justicia estadounidense acusara a diez funcionarios mexicanos —en funciones y exfuncionarios— por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Entre los señalados se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aliado político del oficialismo. Frente a este escenario, Sheinbaum fijó una postura contundente al exigir que cualquier pedido de extradición esté respaldado por pruebas “claras, contundentes e irrefutables”.

“México no va a encubrir a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco va a aceptar acusaciones sin sustento”, sostuvo la mandataria durante su conferencia matutina.

Soberanía y proceso judicial

Sheinbaum remarcó que será la Fiscalía General de la República la encargada de analizar el caso y determinar si existen elementos suficientes para avanzar judicialmente en territorio mexicano.

En esa línea, advirtió que, de no comprobarse las acusaciones, el Gobierno interpretará el accionar estadounidense como una decisión con motivaciones políticas. “Bajo ninguna circunstancia permitiremos la intromisión de un gobierno extranjero en asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo mexicano”, enfatizó.

Además, la presidenta cuestionó la difusión pública del expediente por parte de la justicia estadounidense, al considerar que este tipo de procesos debería mantenerse bajo confidencialidad en el marco de los acuerdos internacionales.

Impacto político y acusaciones

La denuncia fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York e involucra a dirigentes vinculados al partido oficialista Morena, lo que añade un fuerte componente político al caso.

Según la acusación, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, brindando protección, información confidencial y facilidades operativas para el tráfico de drogas. Entre las menciones aparece la facción conocida como “Los Chapitos”, ligada a la estructura de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Además de Rocha Moya, la lista incluye a otros funcionarios en actividad, así como exintegrantes de fuerzas de seguridad, lo que amplifica el impacto institucional de la denuncia.

El episodio abre un nuevo frente en la relación bilateral y plantea interrogantes sobre la cooperación judicial entre ambos países en materia de narcotráfico, en un contexto ya marcado por fricciones políticas y diplomáticas.