"Tras el plebiscito, seguirá una fuerte disputa con los poderosos que no quieren cambios"

El escenario que se abrirá en Chile tras el Plebiscito Constitucional del próximo 25 de octubre será de una "fuerte disputa entre una minoría poderosa opuesta a los cambios y un pueblo movilizado y cansado de abusos", advirtió Mario Aguilar Arévalo, presidente del Colegio de Profesores de Chile y una de las figuras que integra la Mesa de Unidad Social, entidad catapultada por el estallido social de octubre de 2019.

"No hay que confiarse con el resultado, que aparentemente dará el triunfo a la opción 'Apruebo', es necesario que ese triunfo sea muy contundente porque el poder económico se opone a los cambios que demanda la ciudadanía y la correlación de fuerzas será entonces una variable importante", subrayó Aguilar, en charla telefónica con Télam.

"El plebiscito es un hito importante precisamente porque la voluntad de cambio se podrá expresar muy contundentemente, pero el órgano establecido para su elaboración es un órgano limitado", señaló Aguilar, aludiendo a las condiciones impuestas por los partidos para la realización de esta consulta, las que incluyen mayorías y quórum especiales que podrían dificultar modificaciones sustanciales o funcionar como veto de minoría.

Ante ese riesgo, el dirigente insiste en que "la lucha va a seguir" pues "el pueblo va a seguir demandando una mayor profundidad democrática", a través de "una verdadera Asamblea Constituyente y no este órgano que es bastante limitado".

Contra la inequidad

Los chilenos decidirán el 25 de octubre si desean una nueva Constitución, que reemplace la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). De la misma forma elegirán los mecanismos para su redacción, es decir, si lo hacen a través de una Convención Mixta Constitucional (conformada en un 50% por constituyentes y 50% por congresistas) o una Convención Constitucional (conformada en su totalidad por constituyentes elegidos).

La decisión del gobierno del presidente Sebastián Piñera de convocar este referendo se produjo en el marco del estallido social de octubre de 2019, cuando millones salieron a las calles a reclamar cambios en un modelo económico presentado como ejemplar extramuros, pero rechazado entre los propios chilenos por la inequidad y falta de oportunidades que implicaba.

La actual Constitución chilena, fue aprobada en 1980 en un plebiscito realizado en plena dictadura, sin registros electorales ni controles ciudadanos de ningún tipo. El texto, que ubica al Estado en un lugar subsidiario y otorga una casi nula participación en áreas como la salud, educación y jubilaciones, entre otras, estuvo en el epicentro de los reclamos durante las masivas protestas de octubre del año pasado. La alternativa de su reemplazo, vía referendo, fue el resultado de un acuerdo entre el oficialismo y parte de la oposición, excluyendo a comunistas, humanistas y varias otras fuerzas.

"Van a tratar de que todo esto sea manejado por ellos, aunque no creo que le resulte muy fácil porque no tienen la suficiente credibilidad frente a la ciudadanía", continúa Aguilar que hace hincapié en que ese fenómeno atañe "al conjunto de la clase política y no sólo el gobierno". El descrédito al que alude el dirigente fue uno de los rasgos más sobresalientes del estallido social, que carente de conducción política partidaria en sus inicios y tras varias semanas de aparente deriva, fue centrando su reclamo en el cambio constitucional.

"Entre cuatro paredes"

Mario Aguilar es parte de la Mesa de Unidad Social, un colectivo integrado por varios movimientos sociales, ambientalistas y feministas que estuvieron en contra del acuerdo para la celebración del plebiscito, un pacto hecho, aseguran, "entre cuatro paredes", que desconoce el rol de la ciudadanía y concebido por una clase política deslegitimada. Consultado sobre cómo pueden estos sectores demandar profundidad democrática al proceso, Aguilar señaló que ese "es uno de los acertijos del momento", pero en líneas generales "eso pasa por una activación de un proceso constituyente desde la base social en paralelo, que no dependa del proceso constitucional".

"Así ocurrió durante la primera etapa del estallido social el despertar de Chile donde se generaron miles y miles de cabildos y asambleas territoriales deliberante por todo el país", agrega. "Ese es también un modo de movilización, no es sólo la parte más visible de las marchas y los actos. También hay movilización cuánto millones de personas se mueven en sus barrios y en sus territorios para deliberar, pensar el país que quieren, para reflexionar y debatir", enfatizó.

Aguilar postula la necesidad de reactivar todo este proceso de participación ciudadana, interrumpido por la pandemia "que obviamente lo afectó porque no permite el encuentro presencial de las formas habituales de participación". "Esa deliberación en la base va a operar como una presión en sí misma, junto, por supuesto, con la movilización social que se debe reactivar para meter presión a la clase política y a los que dirigen, para que se vean obligados a darle mayor profundidad democrática a todo este proceso constituyente", redondeó.