Preso en Estados Unidos: el caso del argentino encerrado en Alligator Alcatraz

Fernando Artese, un argentino de origen italiano, fue detenido en Alligator Alcatraz, el controvertido centro migratorio construido en los Everglades de Florida por impulso de Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis.

Artese ingresó al país bajo el programa ESTA y permaneció más allá del período permitido. Actualmente, políticos italianos exigen su intervención ante las denuncias de maltrato y detención arbitraria.

¿Qué es Alligator Alcatraz y cómo nació?

Este centro fue construido sobre el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade Collier, dentro de la Reserva Nacional Big Cypress en los Everglades, a unos 60/70 km al oeste de Miami. Se inauguró oficialmente entre el 1º y el 3 de julio de 2025, tras una construcción relámpago de siete a nueve días, bajo poderes de emergencia invocados por DeSantis.

Diseñado para albergar hasta 5.000 detenidos, el complejo utiliza carpas, remolques, 200 cámaras de seguridad y más de 8.500 metros de alambre de púas como perímetro. Se financia principalmente con fondos estatales y reembolsos del FEMA y Departamento de Seguridad Nacional, con un costo estimado de USD 450 millones anuales.

Denominado “Alligator Alcatraz” por la abundancia de caimanes, pitones y mosquitos en los pantanos circundantes, el gobierno reconoce esta fauna salvaje como una barrera natural para prevenir fugas: “el mejor perímetro natural que el dinero no puede comprar”. Trump incluso bromeó al visitar el centro: sugirió que, si alguien huye, tiene que “correr en diagonal” para escapar de los caimanes.

Denuncias de condiciones inhumanas

Múltiples informes de organizaciones de derechos humanos y testimonios directos de detenidos señalan condiciones deplorables:

• Hacinamiento: hasta 32 personas por celda, en una “jaula” sin luz natural y sin privacidad. Sin acceso a un abogado ni información sobre su estatus legal.

• Higiene deficiente: baños inoperables, filtraciones de aguas negras, insectos, mosquitos transmisores de enfermedades y alimentos míseros (una manzana, barrita de cereal, sanguchito mínimo).

• Falta de atención médica: brotes de enfermedades respiratorias, COVID sin aislamientos adecuados y negativas a medicamentos esenciales.

• Privación sensorial: iluminación artificial permanente que dificulta el sueño, encierro en tiendas de campaña sin contacto solar.

Legisladores demócratas que visitaron el lugar lo catalogaron como un “moderno campo de internamiento de inmigrantes”, subrayando la falta de dignidad y seguridad básica.

Reacciones políticas e internacionales

En Italia, legisladores del Partido Democrático y de Verde Europa solicitaron a la primera ministra Giorgia Meloni interceder por la liberación y traslado de Artese y otro ciudadano italiano detenido, acusando al gobierno de abandonar a sus nacionales por cercanía con Trump. Se describieron las condiciones como “encerrados como pollos”, sin acceso a higiene básica ni luz de día.

En Estados Unidos, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió mayor transparencia al DHS y solicitó visitar el centro para evaluar las denuncias sobre posibles muertes de internos.

Mientras tanto, defensores del medio ambiente presentaron demandas por el impacto ecológico del proyecto sobre tierras tribales y ecosistemas protegidos, e incluso impulsaron el proyecto de ley “No Cages in the Everglades Act”.

Posibles vías de reclamo y repatriación

La familia de Artese espera que sea trasladado a un centro con garantías mínimas: acceso a abogado, visitas y condiciones básicas dignas. Hasta ahora solo se ha mencionado la posibilidad de traslado, sin más detalles oficiales.

Grupos como Human Rights Watch y ACLU están documentando el caso y analizan vías legales en tribunales federales de Estados Unidos. Asimismo, la presión política en Italia podría derivar en gestiones diplomáticas para su repatriación lo antes posible.

En menos de un mes de funcionamiento, Alligator Alcatraz se ha convertido en símbolo de la polarización migratoria. Para sus promotores, representa una respuesta rápida y eficaz al aumento de detenciones en la política de “cero tolerancia” de Trump y DeSantis. Para sus detractores, evidencia una grave violación de derechos humanos, abuso del medio ambiente y opacidad institucional.