En el Reino Unido buscan ponerles brazaletes electrónicos a los migrantes indocumentados

El gobierno conservador británico no logra reducir el paso de los migrantes por el Canal de la Mancha. Deportarlos a Ruanda es ilegal y el alojamiento en una barcaza se frustró porque estaba infectada de la enfermedad del legionario.

El último recurso de la ministra del Interior Suela Braverman es colocarles un brazalete electrónico cuando llegan, para que no escapen. Una medida que sólo puede aplicar la justicia o la policía, si hay cargos contra ellos.

Este modelo será como un GPS para ubicarlos si se fugan. El gobierno no quiere pagar hoteles. Tampoco tiene lugar para alojarlos en bases militares ante la resistencia de los pobladores del lugar. Y el uso de las carpas fue estigmatizado por los organismos de derechos humanos.

El gobierno tiene el nuevo deber legal de detener y expulsar a los inmigrantes que llegan ilegalmente al Reino Unido, según la nueva legislación. Sin embargo, el centro de detención de inmigrantes sólo puede albergar a 2.500 personas. Se ha pedido a los funcionarios que encuentren formas alternativas de garantizar que miles de inmigrantes, que llegan ilegalmente pero que no pueden ser detenidos, no se fuguen.

El retraso en el tratamiento de los casos de asilo alcanzó un nivel récord, con más de 175.000 personas esperando una decisión, a un costo para los contribuyentes de casi 4.000 millones de libras esterlinas al año.

El incremento fue impulsado por los inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha y que presentan solicitudes a su llegada al Reino Unido. El gobierno está gastando 3,97millones de libras en vivienda y apoyo a los solicitantes de asilo, incluidos 6 millones de libras por día para alojar a 51.000 personas en hoteles.

El número de inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones (casi 19.000 en lo que va de año) alimentó la preocupación en el Partido Conservador de que Rishi Sunak no cumpla su promesa de "detener los barcos", antes de la elección.

La Ley de Migración Ilegal, que obtuvo la aprobación real el mes pasado, creó el deber del ministro del Interior de detener a los inmigrantes ilegales a su llegada, en espera de su expulsión. El gobierno planea promulgarla una vez que pueda enviar personas a otro país, como Ruanda. Pero, hasta ahora, la Corte Europea de Derechos Humanos lo frenó y en un año solo han devuelto dos demandantes de asilo a Europa.

Brazaletes electrónicos

Se ha pedido a los funcionarios del Ministerio del Interior que profundicen en las alternativas a la detención, dada la capacidad limitada. Una de las principales opciones que se están considerando es poner a todas los que llevan el brazalete electrónico.

Sin embargo, los funcionarios han advertido que esto implicaría costos enormes y existe la preocupación de que no haya suficientes GPS.

En el marco de los planes para ampliar el brazalete electrónico en el sistema de justicia penal, el gobierno espera casi duplicar el número de acusados y delincuentes con brazalete en cualquier momento, a 25.000, para marzo de 2025. Más brazaletes a los inmigrantes agregaría miles de personas más al sistema.

Otra opción es condicionar el apoyo, como el alojamiento o las asignaciones financieras, a la presentación periódica de informes al Ministerio del Interior.

Sin embargo, cualquiera de las opciones presentaría grandes desafíos legales. Retirar el apoyo correría el riesgo de violar el deber legal del Ministerio del Interior de evitar que los inmigrantes se vuelvan indigentes. Los funcionarios también han advertido que los brazaletes electrónicos generarían desafíos en materia de derechos humanos porque privan a los migrantes de su libertad.