El Litoral
Tras las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas el domingo en Turquía, el Gobierno en Ankara rechazó las críticas de los observadores internacionales.

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Después de que el lunes se publicara un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), el Ministerio de Exteriores turco alegó que los observadores habían generalizado casos excepcionales no confirmados y exagerado las conclusiones negativas.
Con ello han "ignorado los principios de la observación imparcial", señaló y añadió que los comicios se habían celebrado de acuerdo con los estándares de elecciones libres y democráticas.
Los observadores habían certificado numerosas deficiencias durante la jornada electoral. El estado de excepción impuesto por el presidente Recep Tayyip Erdogan ha "limitado el espacio para el debate democrático", denunciaron. Además aseguraron que los medios de comunicación no habían proporcionado a los votantes informaciones equilibradas. También alegaron que la gran cantidad de policías en las urnas había conducido a una "sensación de inseguridad".
Los observadores denunciaron también que sobre todo en el sudeste del país, los locales electorales se cambiaron de lugar lo que dificultó a muchas personas poder acudir a las urnas. Además se obstaculizó el trabajo de los observadores y los electores fueron intimidados.
Sólo la OSCE y la PACE habían enviado a un total de 330 observadores internacionales para supervisar las más de 180.000 urnas.
Entretanto, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió en la madrugada del martes el levantamiento del estado de excepción. En un comunicado declararon que esto sería un paso importante para mostrar también al 47 por ciento de los turcos que habían votado a otro candidato que Erdogan es el presidente de toda la población tuca y "quiere salvaguardar sus derechos".
Erdogan decretó el estado de excepción tras el intento de golpe de Estado en julio de 2016 y como consecuencia detuvo a cientos de miles de personas. Poco antes de los comicios había prometido no alargar el estado de excepción que vence el 19 de julio.
En su comunicado, HRW también recordaba que era urgente reparar el "destrozado sistema judicial turco" y que un buen comienzo sería la puesta en libertad de miles de personas encarceladas injustamente, entre ellos activistas de los derechos humanos, políticos, periodistas, jueces o civiles.
Con información de dpa.





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