La Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por delincuentes, conocida como RICO, permite a los fiscales combatir ciertos delitos de delincuencia organizada en curso, como asesinato, secuestro, soborno y lavado de dinero. El estatuto de 1970 establece fuertes sanciones penales que incluyen hasta 20 años de prisión y la incautación de activos obtenidos ilegalmente a través de una empresa criminal.
































