Armas ilegales: prisión preventiva para dos de los policías procesados en el caso

Dos policías y dos civiles quedaron bajo prisión preventiva e imputados, al igual que otras cuatro personas, en el marco de la causa en la que se investiga la existencia de una asociación ilícita desbaratada días atrás, dedicada a la venta ilegal de armas en la ciudad de Rosario, informaron este viernes fuentes judiciales.

Cuatro de los imputados -dos de ellos policías en actividad- quedaron detenidos por el plazo de ley, que es de dos meses, y otros cuatro -entre los cuales hay también un policía- quedaron en libertad bajo fianza y con restricciones, informó el Ministerio Público Fiscal de Rosario.

En una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal, los fiscales Valeria Haurigot y Pablo Socca acusaron al policía Sergio González, quien prestaba servicios en la División Criminalística de Rosario, de ser uno de los líderes de la organización.

Por tal motivo, le dictaron la prisión preventiva y le imputaron los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, provisión ilegal de armas de fuego, encubrimiento agravado y tenencia de arma de fuego.

Otro policía, identificado como Alan Juárez, que se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico de Rosario, quedó también bajo prisión preventiva y acusado por los mismos delitos que González.

Asimismo, los fiscales también decidieron dejar detenidos a un hermano del policía de Criminalística, identificado como César González, ya que según la acusación era quien ofrecía a la venta, entregaba o transportaba las armas y municiones.

El cuarto acusado que quedó con prisión preventiva es José Luis Andino, a quien se le atribuye ser el proveedor de las armas y municiones quien las almacenaba ilegalmente en su propio domicilio, además de ser el que interactuaba con el hermano del policía.

Otros cuatro acusados de asociación ilícita en carácter de miembros; entre los que se encuentran tres mujeres; una de ellas policía y pareja del efectivo González, quedaron imputados en la causa aunque obtuvieron la libertad bajo fianza y con restricciones.

Según lo ventilado por los fiscales en la audiencia presidida por la jueza de primera instancia María Chiabrera, el rol de la mujer policía, identificada como Mariana Guzmán, era administrar, recibir y guardar en su domicilio las armas y las municiones y el dinero de las transacciones.

La organización delictiva fue desbaratada tras una investigación en la que fue fundamental la participación de un "agente infiltrado" que, durante dos meses, adquirió armamento a los imputados haciéndose pasar por un hombre de campo.

La fiscal del caso, Valeria Haurigot, dijo este viernes que se esperan, entre otras pruebas, las pericias de los celulares secuestrados en los allanamientos y de los que estaban en poder de los acusados, que podrían arrojar datos para dar con la identidad de los compradores de las armas.

La fiscal explicó que "eran armas robadas" y que "se vendían tanto a personas que se dedican a la caza como a sicarios".