El Gobierno estudia la aplicación de la vacuna Sinopharm a niños y adolescentes

Ante la ausencia de vacunas pediátricas para prevenir el coronavirus, el Gobierno nacional está analizando la aprobación de la vacuna Sinopharm para comenzar con la inmunización de niños, niñas y adolescentes en el marco del Plan Nacional de Vacunación.

El Poder Ejecutivo ya solicitó que se avance con el estudio de la documentación que reúne los análisis clínicos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna en los menores de edad de 3 a 17 años. Quiénes siguen de cerca el tema en el Gabinete nacional saben que “en China la usan” con los niños. “Esa información está llegando a la ANMAT, que tiene que autorizarla y recomendarlo luego el Ministerio de Salud”, señaló una alta fuente de la Casa Rosada a Infobae.

El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establece un marco legal para la compra de vacunas de los laboratorios Pfizer, Moderna y Janssen (Johnson & Johnson). Tal como establece la letra de la decisión, el objetivo del DNU apunta a crear una herramienta para “generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 con inclusión de la protección de los niños y adolescentes”. La resolución presidencial apunta a resolver esa carencia.

Aunque el Poder Ejecutivo avanza aceleradamente con la distribución de dosis para los adultos, hasta el momento sigue pendiente la adquisición de vacunas pediátricas. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, indicó en declaraciones radiales tanto “Moderna como Pfizer tienen ensayos clínicos para menores de 12 años y refuerzos”.

El DNU habilita al Gobierno para avanzar en tres posibilidades para recibir este tipo de vacunas: los convenios bilaterales con los laboratorios estadounidenses; el mecanismo Covax -de la Organización de las Naciones Unidas)- y la oportunidad de donación a través de diferentes vías, como la ofrecida por parte del gobierno de Estados Unidos a la región.

Sin embargo, el desembarco de dosis del laboratorio Pfizer todavía no está cerrado. Ya resueltas las trabas legales a partir del DNU, las negociaciones con la empresa norteamericana siguen su curso y se desconocen si un eventual acuerdo serpa satisfactorio en detalles importantes, como la cantidad de las dosis previstas o plazos de entrega.

Por eso, la ministra de Salud baraja alternativas no solo para resolver “en lo inmediato” el stock de vacunas para los niños, sino que está mirando en el “mediano y largo plazo”, apuntó Vizzotti en diálogo con radio Mitre. En ese esquema entran la posible aprobación de las vacunas Sinopharm para los menores de edad. En los próximos meses, desde China llegarán 24 millones de vacunas de ese laboratorio. Por lo que se conoce, es el mayor cargamento previsto en el mediano plazo de parte del Gobierno nacional.

Mientras tanto, la campaña de vacunación sigue ampliándose hacia la población adulta mayor de 30 años. En algunas provincias, ya se están inmunizando a los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. Entre la población con mayor urgencia están las personas con factores de riesgo que no fueron inmunizadas y que tardíamente se están sumando a la estrategia de inmunización.

“Los huéspedes inmunocomprometidos se incorporaron recién en marzo de 2021; las personas con cirrosis y trasplante de órganos, en mayo; y las personas gestantes con condiciones de riesgo, en febrero; y las gestantes con indicación individual en junio. Y ahora se está generando evidencia en relación a los niños, niñas y menores de 18 con prevalencias”, ilustró hace unos días Carla Vizzotti sobre la secuencia del plan de vacunación.

Este martes, las figuras claves del Gabinete nacional en la negociación y legalización de las vacunas concurrirán al Congreso Nacional. La ministra Carla Vizzoti asistirá junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra y la asesora presidencial Cecilia Nicolini para defender en la comisión bicameral de trámite legislativo la decisión de la Casa Rosada de modificar la Ley de vacunas para adquirir vacunas contra el coronavirus desde Estados Unidos. El texto elimina varios de los reparos legales que planteaban los laboratorios al marco normativo, como la causal de “negligencia” como atributo de responsabilidad del proveedor y reemplaza los términos “maniobras fraudulentas y conductas maliciosas” por “conductas dolosas”, entre otros puntos.

En la instancia legislativa, el Gobierno enfrentará a la oposición de Juntos por el Cambio y ensayará argumentos para defender el giro sorpresivo en la negociación con las empresas norteamericanas.