Importante quita a las provincias en una reasignación presupuestaria

El Gobierno dispuso una reasignación de créditos del presupuesto 2011 por una suma cercana a los 3.800 millones de pesos, de los que 3.592 millones son en detrimento del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, en una medida que beneficia a casi todo el arco de la Administración Nacional, en especial mediante subsidios a empresas como Aerolíneas, AySA, CAMMESA y operadores ferroviarios.

La voluminosa distribución fue establecida a través de la decisión administrativa 19/2011, publicada hoy en el Boletín Oficial y que representa la primera medida en ese sentido con la firma de los flamantes jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

La D.A. está fechada el 23 de diciembre, dos días después de que el Senado sancionara la ley de Presupuesto 2012, que aún no fue publicada en el Boletín.

La redistribución de partidas alcanza a unos 3.800 millones de pesos, de los que 3.596.868.657 fueron detraídos al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, un organismo creado en 1995 "con el objetivo de prestar apoyo a las reformas del sector público provincial argentino y de promover el desarrollo económico de las provincias", según indica su página web, cuya última actualización data de setiembre de 2010.

Otros fondos provinieron de recortes presupuestarios de diferentes ministerios y de "recursos provenientes del cobro de tasas" de diferentes organismos, como el Registro Nacional de las Personas (67,6 millones de pesos), o saldos no utilizados de préstamos de organismos multilaterales de créditos, como el BID o el Banco Mundial.

Es habitual que tanto la Jefatura de Gabinete como la propia Presidencia a través de decretos de necesidad y urgencia dispongan todos los años reasignaciones y ampliaciones presupuestarias en varias oportunidades, a los efectos de adecuar erogaciones y recursos subestimados en el Presupuesto original. Una de las principales razones de estas medidas es la atención de las erogaciones derivadas de los aumentos en los haberes jubilatorios aprobados en marzo y setiembre de cada años, de acuerdo con la ley de Movilidad.

Sin embargo, ese aspecto no estuvo contemplado en esta decisión administrativa, que se centró en diferentes gastos propios del funcionamiento de las diferentes áreas administrativas (remuneraciones y gastos corrientes), así como la transferencias de recursos a sectores económicos, pensiones graciables, empresas de servicios públicos, vialidad, fuerzas armadas y de seguridad.

En los considerandos, se justifican los 95.380.000 pesos destinados al Poder Legislativo en la necesidad de "atender gastos en personal" en la Cámara de Diputados y "afrontar gastos de funcionamiento y de inversión" en la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación.

También se destinan 144 millones de pesos al Ministerio de Educación para "atender los aumentos salariales del personal docente, no docente y autoridades superiores de las Universidades Nacionales, la necesidad de inversión en obras y equipamiento de la Universidad Nacional de San Martín y, financiar los gastos de salarios correspondientes al Instituto Libre de Segunda Enseñanza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Asimismo, en Ciencia y Tecnología, se giraron 83,5 millones de pesos al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) "a efectos de atender los gastos correspondientes a las becas de investigadores y diferencias salariales".

DYN