Alberto Fernández en el Congreso: ¿condenará a los militares a pobreza perpetua?

Con la última publicación del INDEC, referida a la inflación y la canasta básica, quedó expuesto que alrededor del 60% de los militares del país están por debajo de la línea de pobreza. En épocas donde los jefes de las Fuerzas celebran la masiva incorporación de soldados voluntarios o marinos, tras acuerdos con las provincias de origen de los ciudadanos incorporados, esos salarios están a un puñado de pesos (menos de diez mil) de estar por debajo de la línea de indigencia. Que eso es inadmisible lo sabe todo el mundo. El año pasado Alberto Fernández, Sergio Massa y Jorge Taiana lo reconocieron. En consecuencia, desde mayo del 2022 anuncian una “jerarquización” devenida en “equiparación” salarial con las Fuerzas de Seguridad que nunca llegó. Este primero de marzo es la última chance para que se convierta en realidad.

Al gobierno le queda poco: en 9 meses Alberto Fernández terminará su gestión actual. Eso significa que en el primer trimestre del año no cumplió lo que anunció en la cena de camaradería del 2022 y explicó luego su ministro de Economía: pagar, distribuido en los doce meses del 2023, los aumentos necesarios para que un militar gane lo mismo que su homólogo en grado de la Policía Federal, la Gendarmería o la Prefectura. Vale recordar que, históricamente, las Fuerzas Armadas tenían mayor ingreso por los riesgos a los que pueden enfrentarse, en comparación con las fuerzas policiales. En la actualidad, con eso dado vuelta, no es poca cosa que la mayoría de las propuestas para combatir incendios, afrontar una pandemia, resolver cuestiones de desarrollo social e inserción social, combatir el narcotráfico y controlar las fronteras involucre a las Fuerzas Armadas. Pobres Fuerzas Armadas.

Que el gobierno esté en retirada y no cumpla, significa que estamos a punto de completar un año desde que Jorge Taiana prometió la equiparación y no se llevó a cabo. Por eso, fastidiada, la familia militar tiene pocas expectativas, pero aún alguna esperanza de que este 1ero. de marzo el jefe de Estado presente el decreto que establezca formalmente cuándo y por cuánto aumentará los sueldos de los militares. Para poner números: un capitán, en el promedio de los grados, con más de diez años como oficial, gana apenas por encima de los $150.000 mensuales. Es pobre, según el Indec. Los militares argentinos, además, son los que menos cobran con relación a los países limítrofes, que llegan a duplicar sus ingresos. No es menor recalcar que los militares, al igual que los diplomáticos, tienen un régimen por ley de dedicación exclusiva que no les permite otro tipo de ingresos y que sus servicios deben ser a toda hora a disposición del Estado.

Según trascendió de algunas reuniones, son cada vez más los uniformados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que amenazan con renunciar en caso de que no se presente el decreto que resuelva esta cuestión. Incluso, en medio de internas y movimientos en los tableros del poder, habría funcionarios de Defensa que lanzaron las mismas advertencias. Lo cierto es que, mientras eso pasa, a los integrantes de la Aérea, el brigadier general Xavier Isaac, ordenó aumentarles en enero la cuota que deben pagar por alojamiento hasta el 8% de su haber mensual, más lo que perciben por suplemento de zona. Fue el mismo mes que recibieron una actualización salarial del 10%. Es decir, a los pilotos, mecánicos, técnicos y su entorno les quitaron lo que les dieron y más.

El malestar y descontento no sólo genera un clima de trabajo tenso, sino acciones legales y bajas masivas en consecuencia. Por ejemplo, mientras Alberto Fernández estaba en la Antártida, los integrantes de la Armada y del Ejército de la campaña actual que están regresando a suelo continental tomaron contacto con diversos abogados para iniciar juicios contra el Estado por no haber recibido el pago correspondiente a “pase” y “zona” para sus tareas (tan relevantes para el desarrollo científico). Sí. Son militares pobres y al mismo tiempo no cobran los suplementos por irse un año de corrido a la Antártida. Por otra parte, mientras los aviones de la Fuerza Aérea desfilaban encima del colectivo con los campeones del mundo, decenas de pilotos (con carreras en las que el Estado invirtió, en promedio, U$D 1.700.000) piden la baja porque no pueden sostener más a sus familias.

No puede saberse a ciencia cierta cuántas bajas hubo, ya que Jorge Taiana no cumplió con la Ley de Acceso a la información pública y negó la documentación solicitada por este medio en un pedido de informes, según estipula la Ley 27.275. Tampoco puede graficarse cuántos viáticos reciben los Jefes de Estado Mayor de cada Fuerza, si bien se sabe que promedian los 5.000 euros anuales para viajes de cortesía o a convenciones internacionales con todos los gastos cubiertos. Sin embargo, sí puede afirmarse que el primer caso representa la mayor fuga de profesionales de las Fuerzas Armadas y de inversión estatal de toda su historia, y que el segundo es una de las causas por las que los comandantes no se manifiestan a favor de su tropa.

Alberto Fernández tiene la oportunidad este miércoles: además de presentar la nueva Ley de Personal Militar, con cambios que podrían traer sorpresas, puede exhibir el decreto que saque a los militares de la pobreza y comience, en consecuencia, el camino para quitar a la Argentina del fuerte estado de indefensión en el que se encuentra su soberanía. Eso no será todo, luego deberá volver a uniformarlos, devolver las partidas presupuestarias para alimentarlos en los cuarteles y para que los ejercicios de adiestramiento se recuperen al 100%. Habrá tiempo después para restituirles medios, vehículos y armamento acorde a las necesidades del Siglo XXI. En realidad, hay poco tiempo en una tendencia que lleva a la desaparición de Fuerzas Armadas profesionales en nuestro país.