Es mejor tener Fuerzas Armadas y no necesitarlas, que necesitarlas y no tenerlas

En abril de 1982, la Junta Militar jugó su última carta en las Islas Malvinas para escapar del abismo. Perdió la guerra, el poder y la poca legitimidad que le quedaba. Para Carl von Clausewitz: “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. La orden de invadir las islas para intentar recuperarlas por la fuerza fue política, no militar.

Desde entonces, cada gobierno argentino reescribió el rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Esto forjó una montaña rusa normativa que deja al país con un instrumento técnico, subordinado al poder civil, pero a menudo raquítico.

Raúl Alfonsín llegó en 1983 prometiendo juicio a los represores. Creó la Conadep, llevó a las juntas al banquillo y promulgó la Ley Nº 23554 de Defensa Nacional (1988), que establece que las FF.AA. solo deben ocuparse de las agresiones externas. Y les prohíbe actuar en seguridad interior.

Para apaciguar los cuarteles, promulgó las polémicas Leyes de Punto Final y Obediencia Debida (1986-1987). Ambas normas buscaron más una salida política que jurídica. Carlos Menem profundizó el control civil con la Ley Nº 24059 de Seguridad Interior (1991) que contempla la intervención militar solo como apoyo complementario, a pedido del Ministerio de Defensa.

En 1995, bajo su gobierno, la Ley 24.429 eliminó el Servicio Militar Obligatorio y profesionalizó las tropas. Menem publicó el primer Libro Blanco de la Defensa y alineó la política castrense con su política exterior de relaciones carnales con Estados Unidos. Sus señales fueron el envío de naves al Golfo Pérsico (1991) y el ingreso de Argentina como aliado extra-OTAN (1997).

Fernando de la Rúa, en medio de la crisis, lanzó la Revisión de la Defensa 2001: contemplaba modernización técnica, erradicación de hipótesis de conflicto con vecinos y énfasis en los soldados profesionales. Pero el plan quedó trunco por el estallido social, económico y político que puso fin a su gobierno. Durante su gestión, mantuvo la subordinación de las FF.AA. sin grandes cambios.

Néstor Kirchner revisó el Libro de Defensa y definió intereses vitales: soberanía e integridad territorial (Malvinas incluida). La Ley Nº 25779 (2003) anuló las leyes de impunidad (dictadas por Alfonsín) y en 2005 la Corte las declaró inconstitucionales. Según fuentes castrenses, mantuvo presupuesto bajo para Defensa, lo que impedía maniobras de entrenamiento.

Nombró ministros civiles y reforzó la subordinación de las FF.AA. al poder político. Además, mediante enérgicos discursos diferenció a los Veteranos de Malvinas de los represores y endureció la postura diplomática con Londres. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se produjo un hecho histórico: en 2012 se desclasificó el Informe Rattenbach.

Y en 2015, desde Ushuaia, le respondió al The Sun: “No somos un peligro militar; somos un peligro cuando otros ven cómo cambiamos la historia”. Durante su administración, priorizó los derechos humanos, las misiones de la ONU y la diplomacia sobre la Cuestión Malvinas. El presupuesto bajo en Defensa continuó.

Mauricio Macri, mediante el Decreto 683/2018, permitió apoyo logístico en seguridad interior contra el narcotráfico. Fue la primera ampliación funcional desde la presidencia de Menem. Alberto Fernández derogó el decreto macrista en 2020 y creó el Fondef (Ley Nº 27565) que establece hasta 0,8% de ingresos corrientes para equipamiento (radares inviolables y buques de patrulla oceánica).

El Plan de Derechos Humanos (2021) y la Ley de Personal Militar Voluntario (2023) ajustaron escalafones, pero el presupuesto real rondó el 0,5% del PBI, el más bajo en décadas. Críticos hablaron de “descapitalización operativa”.

Javier Milei, en diciembre de 2023, vía DNU 683/2023 modificó las leyes fundacionales de 1988 y 1991 y estableció apoyo logístico de las FF.AA. en narcotráfico, terrorismo y delincuencia transfronteriza. Desplegó efectivos en la frontera norte (Operativo Integración Norte) junto a Gendarmería y Prefectura.

Potenció el Fondef para ciberdefensa y custodia de la Zona Económica Exclusiva. Milei argumenta eficiencia disuasiva ante amenazas híbridas, sin expandir gasto desmedido.

La secuencia normativa exhibida revela constantes y oscilaciones. Constante: la subordinación de las FF.AA. ininterrumpida desde 1983. Oscilación: del exclusivismo externo (Alfonsín) al apoyo complementario (Menem, Macri, Milei), pasando por el control presupuestario kirchnerista y la reversión durante el gobierno de Alberto Fernández.

En materia de Defensa persisten déficits estructurales: pocos expertos civiles en defensa; desconfianza mutua entre militares y políticos y presupuesto precario. El promedio mundial de gasto militar como porcentaje del PBI es del 2,5% en 2024, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Esta cifra marca un aumento respecto a años anteriores, impulsado por tensiones geopolíticas como la guerra en Ucrania y conflictos en Oriente Próximo. A continuación, comparto la evolución del gasto militar como % del PBI en Argentina, según el SIPRI:

1983: 2,5%

1995: 1,8%

2003: 0,9%

2005: 0,8%

2008: 0,6%

2015: 0,8%

2018: 0,7%

2020: 0,7%

2023: 0,5%

2024: 0,6%

Es sabido que la defensa coadyuva con las relaciones internacionales de un Estado: ejercicios conjuntos, misiones de la ONU, cooperación en investigación. No obstante, legitimar recursos para esta cartera en tiempos de paz es difícil, ya que compite con áreas como salud y educación, que suelen tener prioridad.

Esto ocasiona que las FF.AA. sean valoradas ante el surgimiento de situaciones límites, o bien cuando ya es tarde. La pregunta es si podemos permitirnos no tenerlas. En un mundo convulsionado es mejor tener fuerzas armadas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas.

Con subordinación al poder civil, transparencia y control del Congreso, el instrumento militar puede ser técnico, austero y efectivo. Pero esto requiere consenso, que no es un lujo, sino una necesidad estratégica.

El autor es docente de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, especializado en Seguridad y Defensa en Estados Unidos.