Acerca de la necesidad de recuperar la dignidad docente (Parte IV)

Por Juan José Cheznas y Sebastián Llansa

Al final de nuestra entrega anterior citábamos la inconstitucionalidad del DNU Nº 340/2025 en sus artículos 2 y 3, ya que imponía restricciones al ejercicio del derecho a huelga en numerosas actividades, entre ellas la educación. A la vez, sobre este tema en particular, en su artículo 24, establecía lo descripto a continuación:

"Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos. En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al setenta y cinco por ciento (75 %) de la prestación normal del servicio de que se tratare".

En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al cincuenta por ciento (50 %). Se considerarán servicios esenciales en sentido estricto las siguientes actividades (artículo 3, inciso f): "El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial".

Santa Fe ha sido una provincia pionera en la tutela del derecho a la carrera docente, contando en su momento con la tutela constitucional del artículo 113 de la antigua Constitución Provincial, del 14 de abril de 1962. Por eso mismo, en el marco de la Convencional Constituyente de este año, era de esperar que los convencionales deliberaran sobre los derechos laborales y previsionales, sabiendo del grave peligro que significa el avance de las políticas neoliberales y libertarias, con las que intentan avanzar -paradójicamente- sobre el retroceso del sector de trabajadores docentes y los asistentes escolares, que poseen como fundamento el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los Convenios Internacionales concordantes que ha suscripto la República Argentina.

Es necesario garantizar una educación de calidad y masiva, a los fines de reducir la tasa de analfabetismo y permitir un desarrollo social de los educandos, que les posibilite obtener las competencias específicas para una integración social razonable. Para lograr esta finalidad, es necesario que las mujeres y hombres del sistema educativo -maestros, profesores y asistentes escolares (porteros, mantenimiento, mayordomía, personal administrativo auxiliar, etc.), cobren todos salarios dignos. Y que trabajen y desarrollen su labor profesional en condiciones dignas de labor (tiempo de trabajo, cantidad de alumnos, infraestructura escolar, etc), pudiendo realizar -asimismo- una progresiva carrera en la docencia (concursos de titularización, antigüedad, cargos de ascenso y otras alternativas).

Para ello se requiere una decisión política lograda en base a un amplio acuerdo que involucre a los diversos sectores políticos y los actores institucionales, además de la comunidad escolar en su conjunto, con docentes, asistentes, estudiantes, directivos, padres y madres. En otras épocas, amplios sectores de la población debían resistir las políticas de ajuste acompañadas de un proceso represivo para que las mismas "cerraran", ya que no hay ajuste que "cierre" sin represión -como lo testimonian el golpe de Estado de 1976 y algunos episodios de la década de los años 90 (mientras la Carpa Blanca, por la dignidad, se mantenía en pie)-, la política de sesgo autoritario hoy en día parece rendir electoralmente (al margen de la derrota del oficialismo nacional en las legislativas bonaerenses).

Es necesario lograr un consenso entre los actores involucrados en la formación de maestros y articular los esfuerzos para organizar programas de educación de alta calidad e inclusión masiva: mayor presupuesto, revisión de la normativa, la formación de maestros y personal directivo, que respondan a las necesidades actuales de la educación, aumento de la inversión en la formación de maestros, para saber que los estén preparados para enfrentar los desafíos que propone la sociedad del conocimiento a la educación en el siglo que vivimos.

Dentro de las falencias del sistema, debe priorizarse: la alfabetización inicial y académica -claro que en una sociedad en la que millones de sujetos no se alimentan adecuadamente por falta de recursos económicos, precarización laboral, exclusión estructural, etc., el comedor escolar o comunitario antecede a la biblioteca escolar o pública-; la lectura comprensiva, la formación en oficios para integrar a millones de sujetos al sistema formal de trabajo -lo que requiere industrias que generen empleo-, la formación en ciencias y humanidades: matemática, ciencias naturales, lengua y ciencias sociales, etc.

Hay un hecho que llama poderosamente la atención: la falta de docentes de grado en nivel primario, así como en áreas específicas Matemáticas y Física de nivel secundario, en muchas provincias, así como la carencia de docentes para enseñar idiomas extranjeros, principalmente inglés. Hemos referido a huelgas heroicas en la fundación de los gremios docentes, que mantuvieron la vigencia de lucha y los reclamos en la década de los 90 para resistir los embates del neoliberalismo en educación: la mercantilización del conocimiento, la precarización laboral, los recortes presupuestarios que afectaron salarios, creación de cargos docentes, infraestructura escolar, la tentativa de cobro de aranceles universitarios, el desfinanciamiento de los organismos de investigación, en síntesis, la privatización del sistema educativo.

Este pasado heroico se entremezcla en un sinsabor con los embates de la política pública a la comunidad docente, bajo argumentos como "los docentes son vagos", "trabajan solamente un turno", "cobran demasiado por lo poco que hacen", "ganan mucha cantidad de dinero por lo poco que hacen" (incluyendo en el monto un docente de grado que trabaja dos turnos con jornada completa de más de 10 horas por día en la escuela), "la enseñanza es de mala calidad y los estudiantes no aprenden", etc, etc. Se desconoce por lo general el esfuerzo y la cantidad de tiempo de trabajo extra-áulico que implica planificar, diseñar los evaluativos, corregir, acompañar trayectorias escolares complejas, en medio del recorte en las prestaciones.

Los docentes de base, sean formadores o formadores de formadores, no deben sucumbir ante la resignación de una mala política pública, que los pauperiza con salarios miserables y su correlato jubilatorio, y que además los desprestigia atacando la carrera docente. O bien los denigra con recortes de prestaciones de salud, en un contexto en el que la comunidad educativa ha sido quebrada por la grieta política y en el que la población en general vivencia con ambivalencia el deterioro de la autoridad escolar, ante un discurso que reditúa electoralmente en la política de la "motosierra" y el ajuste.

Frente a las condiciones políticas, económicas, sociales e institucionales actuales, se requiere una decisión fundada en un acuerdo político amplio, que garantice docentes bien formados y bien pagos, una educación de calidad y masiva. Sin docentes y estudiantes no hay escuela, y sin educación no hay futuro. Insistimos en el siguiente concepto: la educación es un derecho público, no un servicio privado.