"Inocencia fiscal" o "Inconciencia legal"

La "Ley de Inocencia Fiscal" prometió un atajo: traer dólares al sistema sin preguntas ni castigos. El ministro de Economía, Luis Caputo, lo dijo sin rodeos en redes sociales: si un banco pide explicaciones de más, la solución es simple, ir al Banco Nación, donde -según escribió- bastará con adherir al régimen simplificado para depositar y disponer del dinero de inmediato.

El sistema financiero no funciona por tuit

Argentina es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y está obligada a cumplir sus 40 Recomendaciones. Entre ellas, conocer al cliente, analizar el origen de los fondos y reportar operaciones sospechosas, incluso sin prueba concluyente.

Esas reglas alcanzan a bancos, fondos de inversión, sociedades de bolsa, fiduciarios y aseguradoras. También al Banco Nación. Ser público no otorga inmunidad.

"Confundir perdón fiscal con perdón penal es peligroso", advirtió Mariano Federici, ex titular de la UIF. Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central, fue en la misma línea: si el banco público relaja controles, el problema no es solo institucional, es sistémico y afecta la evaluación internacional del país.

La temeridad del ministro

La ley puede prometer "sin preguntas", pero la Ley Nº 25246 y el Código Penal siguen vigentes. El lavado de activos prevé penas de hasta diez años de prisión. La responsabilidad es personal y alcanza a directores, gerentes y oficiales de cumplimiento. Ninguna amnistía fiscal actúa como salvoconducto.

El legislador, con esta ley, invita a la comisión de delitos a funcionarios, sean estos públicos o privados con responsabilidades ante leyes penales nacionales y convenios internacionales. Argentina ya estuvo bajo monitoreo reforzado del GAFI entre 2011 y 2014, con más costos, más controles y menos acceso al sistema financiero global.

El organismo no evalúa discursos ni tuits: evalúa políticas de Estado. Por eso bancos privados, fondos y el propio Banco Nación se mueven con cautela. No por ideología, sino por supervivencia. La indulgencia es local. La auditoría es global.

A todo esto, el ministro, con su tuit personal, desconociendo su rol institucional. Estimula una acción sin esperar, siquiera, que la ley esté reglamentada, transfiriendo la responsabilidad de la "firma" y quitándole la nalga a la jeringa.