Reforma de la Ley de Glaciares: ¿Qué riesgos podría representar para Santa Fe?

Por Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina

Caminar por la cercanía de un glaciar es comprender, en el silencio del hielo, la magnitud de la vida. No son solo masas blancas suspendidas en las alturas de nuestra cordillera; son, en esencia, el pulso hídrico de la Argentina. Argentina cuenta con casi 17.000 glaciares inventariados por el IANIGLA–CONICET que alimentan 36 cuencas hídricas. Son nuestras cajas de ahorro para los tiempos de escasez.

Sin embargo, hoy esa pureza está bajo amenaza. Mientras observamos con preocupación los datos que nos dejan los últimos tres años —los más cálidos jamás registrados—, nos enfrentamos a una encrucijada histórica.

La modificación de la Ley de Glaciares que se debatirá en el Senado en las próximas semanas no es un simple cambio técnico en un papel, sino una decisión que impacta directamente en la seguridad hídrica de más de 7 millones de argentinos, en el desarrollo de economías regionales y en la supervivencia de nuestros ecosistemas más frágiles.

El impacto de la pérdida de glaciares, además, no se limita a las provincias cordilleranas. El agua de deshielo que se origina en ellas alimenta un entramado complejo de cuencas y ríos que atraviesan el país. Poner en riesgo esos sistemas es comprometer la disponibilidad de agua para el desarrollo de las comunidades, economías regionales y actividades productivas locales a lo largo de todo el territorio, en un contexto de creciente estrés hídrico.

Santa Fe no depende de manera directa del agua de los glaciares para su abastecimiento cotidiano. Sin embargo, sí depende de ellos de forma indirecta y estructural para su seguridad productiva, industrial y exportadora. La provincia ocupa un lugar central en el entramado económico nacional: procesa, consume y exporta gran parte de los bienes producidos en regiones cuya disponibilidad de agua está regulada por glaciares y nieve de montaña.

Los complejos agroindustriales, las cadenas frutihortícolas y buena parte de los bienes exportables que transitan por el complejo portuario del Gran Rosario se originan en provincias donde el agua de deshielo es un factor clave para sostener la producción. Cuando esos aportes hídricos se reducen de manera sostenida, el impacto no queda limitado a las zonas cordilleranas: se traduce en menores volúmenes productivos, caída de exportaciones, tensiones en el sistema logístico y efectos directos sobre el empleo y la recaudación en Santa Fe.

En este sentido, la protección de los glaciares no es un asunto ajeno para las provincias no cordilleranas, sino una condición necesaria para la estabilidad de un sistema económico integrado. Debilitar las normas que resguardan esas reservas estratégicas de agua es comprometer no solo la producción en origen, sino también los nodos industriales, portuarios y comerciales que dependen de ella, como ocurre en Santa Fe.

En un mundo donde sólo el 3% del agua es dulce, y de ese porcentaje más del 70% se encuentra congelada, cada centímetro de hielo es un tesoro estratégico para regular el ciclo hidrológico.

En este escenario de crisis climática, reducir su protección no es solo irresponsable, es directamente peligroso. Si permitimos que se destruyan estas reservas, perderemos un agua que ninguna infraestructura costosa podrá recuperar jamás.

Justamente por este rol estratégico, resulta especialmente grave el rumbo que propone el nuevo proyecto de ley. Es preocupante que se busque trasladar la decisión final sobre qué proteger a definiciones discrecionales de las provincias. Esto rompe con el carácter nacional y uniforme de los presupuestos mínimos ambientales que establece nuestra Constitución. La modificación de la ley además ignora y vulnera gravemente los compromisos tanto nacionales como internacionales asumidos por Argentina para enfrentar la crisis climática, debilita la coherencia de nuestra política ambiental y expone a las reservas estratégicas de agua a un riesgo que el país no puede permitirse. No hay desarrollo posible si se recortan las bases de protección que garantizan seguridad hídrica y estabilidad para las comunidades y ecosistemas.

Dejar en manos de la interpretación política provincial si un glaciar cumple o no una "función hídrica relevante" implica un error conceptual que no puede ignorarse. Los glaciares y el ambiente periglacial son agua por definición. Intentar fragmentar su protección según intereses productivos inmediatos, es ignorar que los sistemas hídricos no reconocen límites políticos ni fronteras provinciales.

La Ley 26.639 ha sido un faro a nivel mundial desde su sanción y ha protegido con éxito nuestras fuentes de agua de proyectos extractivos que tienen como resultado su destrucción. Retroceder ahora, introduciendo conceptos ambiguos y subjetivos como "alteración relevante", es abrir la puerta a repetir desastres que ya han lastimado a comunidades del país.

Argentina ya eligió una vez proteger sus fuentes de agua: hoy la ciudadanía tiene la oportunidad de reafirmarlo. Cuidar los glaciares no es frenar el desarrollo: es asegurar que el país tenga agua para sostenerlo. Defenderlos es, sencillamente, defender nuestro derecho al futuro.