Cuando el odio baja desde arriba

Por estos días, hablar de violencia escolar en la Argentina y en particular en Santa Fe ya no remite a hechos aislados ni a explicaciones lineales. Lo ocurrido el 30 de marzo en la localidad de San Cristóbal —cuando un adolescente de 15 años ingresó armado a su escuela, mató a un compañero de 13 e hirió a otros estudiantes— quebró una frontera simbólica: la de creer que ciertas formas extremas de violencia eran ajenas a nuestra trama social.

Ese crimen no sólo dejó una víctima fatal y una comunidad devastada. Abrió, otra vez, una pregunta incómoda: ¿qué clima social están respirando nuestras adolescencias y niñeces?

El eco social de la violencia

Las investigaciones del caso de San Cristóbal revelaron elementos inquietantes: vínculos con comunidades digitales que glorifican masacres, consumos culturales atravesados por la fascinación con la violencia extrema, y una posible lógica de imitación o “efecto contagio”.

No es un dato menor. Diversos estudios vienen señalando que los discursos violentos —especialmente cuando se legitiman socialmente— pueden amplificar conductas imitativas, sobre todo en jóvenes en situación de vulnerabilidad o aislamiento.

Pero reducir el problema a “internet” o a subculturas marginales sería cómodo y, sobre todo, insuficiente. Porque ese clima no se produce en el vacío. Se alimenta de lo que circula en la sociedad, de lo que se dice —y cómo se dice— desde los lugares de poder.

La palabra presidencial como habilitación

En la Argentina actual, el discurso público del presidente Javier Milei se caracteriza por una retórica confrontativa que no distingue adversarios políticos de enemigos a destruir. Conceptos como “casta”, “zurdos de mierda”, “parásitos”, “degenerados fiscales” o “enemigos de la libertad” no son exabruptos aislados: constituyen un lenguaje sistemático que deshumaniza al otro.

Milei que apuntan contra colectivos vulnerables. Cuando utiliza términos como “mogólicos” para referirse de manera despectiva a personas con discapacidad, o recurre a descalificaciones hacia quienes integran la diversidad sexual —ya sea cuestionando sus derechos, ridiculizando identidades o asociándolas a categorías degradantes— no se trata de exabruptos aislados, sino de mensajes que bajan con fuerza en la escala social.

En las escuelas, donde niñas, niños y adolescentes construyen su identidad y su vínculo con los otros, funciona como habilitación: legitima la burla, refuerza el estigma y naturaliza la exclusión.

Así, lo que se dice desde la cúspide del poder encuentra eco en prácticas cotidianas de hostigamiento hacia quienes son percibidos como diferentes, profundizando la violencia simbólica y, muchas veces, también la física.

El problema no es sólo moral. Es político y cultural.

Cuando desde la máxima autoridad del Estado se instala la lógica amigo-enemigo, cuando el desacuerdo se traduce en insulto y el adversario en enemigo moral, lo que se erosiona es el piso básico de convivencia. Ese lenguaje baja, se filtra, se reproduce. Se vuelve sentido común.

En las escuelas, ese descenso se traduce en prácticas concretas: mayor naturalización del hostigamiento, legitimación del bullying, dificultad para tramitar conflictos sin violencia. Si el poder grita, insulta y humilla, ¿por qué los chicos deberían hacer otra cosa?

De la retórica al aula

No se trata de establecer una relación mecánica entre un discurso presidencial y un hecho puntual como el de San Cristóbal. Sería simplista y falso. Pero sí de comprender que los discursos de odio construyen climas, y los climas habilitan prácticas.

En ese sentido, el caso santafesino expuso múltiples capas: posibles situaciones de acoso escolar, aislamiento del agresor, acceso a armas, y una trama simbólica donde la violencia aparece como lenguaje disponible.

Nada de eso surge de la nada.

En la Argentina, la escuela fue históricamente un espacio de regulación del conflicto. Un lugar donde la palabra —no la violencia— era el mecanismo de resolución. Pero esa función se debilita cuando el entorno social empuja en sentido contrario.

El riesgo de naturalizar

Lo más preocupante no es sólo que ocurran hechos violentos, sino que se vuelvan pensables, decibles, imaginables. En las últimas semanas, amenazas de tiroteos en escuelas circularon en redes sociales en distintos puntos del país, generando miedo y suspensión de clases.

Ese dato revela algo más profundo: la violencia ya forma parte del repertorio simbólico de los jóvenes.

Y cuando eso sucede, la responsabilidad no puede recaer únicamente en las familias o en las instituciones educativas. También interpela al sistema político y, en particular, a quienes tienen mayor capacidad de amplificación.

La responsabilidad del poder

Gobernar no es sólo administrar recursos o dictar normas. Es, también, construir sentido. Marcar límites. Nombrar lo aceptable y lo inaceptable.

Cuando el poder legitima el odio, habilita su circulación. Cuando banaliza la agresión, debilita los frenos sociales. Y cuando convierte al otro en enemigo, abre la puerta a que esa lógica se reproduzca en todos los niveles.

La tragedia de San Cristóbal debería ser leída en ese marco más amplio. No como un hecho aislado, sino como un síntoma.

Un síntoma de una sociedad donde la violencia verbal se naturaliza, donde el otro pierde condición de sujeto y donde, en los márgenes, algunos jóvenes encuentran en esa lógica una forma extrema de expresión.

Volver a poner la palabra en el centro

Frente a esto, la respuesta no puede ser sólo securitaria. Tampoco alcanza con señalar culpables individuales. Se trata de reconstruir un pacto básico: el de la palabra como herramienta de convivencia.

Eso implica revisar discursos, empezando por los de quienes más poder tienen para moldear el clima social.

Porque si el odio baja desde arriba, la consecuencia es evidente.