La Legislatura: una fábrica de leyes para Pullaro

En cuatro semanas, la Legislatura le respondió al gobernador Maximiliano Pullaro sancionando un paquete de importantes leyes que le permitirán capear el fuerte temporal económico - financiero que se prevé para este año, pero también instrumentos jurídicos para reorganizar institutos de la seguridad pública para perseguir el delito, el gran desafío de la gestión iniciada el 10 de diciembre.

Más allá del contundente triunfo electoral que logró Pullaro en septiembre, superando el millón de votos y por encima del efecto del sistema de Boleta Única se garantizó la mayoría propia en ambas cámaras legislativas, hecho no menor para encarar un gobierno de reformas como el que intenta llevar adelante el radical.

En el Senado tuvo unanimidad en casi todas las leyes sancionadas y en Diputados excepto la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación -13.013- el oficialismo logró más de dos tercios de votos positivos. En el paquete de temas aprobados están una serie de emergencias -seguridad, servicio penitenciario, salud, educación y social-, reformas al Servicio Penitenciario, al MPA, creación de agencias para el seguimiento de detenidos; ley de Inteligencia más Presupuesto y Ley Tributaria 2024; crédito con la Agencia Francesa para el Desarrollo, ampliación de la facultad de endeudamiento a corto plazo del Ejecutivo y algún alivio para municipios y comunas que tienen todavía pendiente el Fondo de Obras Menores. Decenas de intendentes y presidentes de comunas han transitado en las últimas semanas los pasillos de Casa de Gobierno buscando fondos para pagar aguinaldos y otros compromisos merced a esa norma surgida de los senadores siempre con oídos y ojos en sus territorios.

La maquinaria legislativa pareció tener una primera advertencia la última semana cuando en Diputados el oficialismo debió colocar sus 27 votos para dotar de mayores atribuciones a la figura del fiscal general del MPA, hoy a cargo de María Cecilia Vranicich, más la creación de 17 nuevos cargos de fiscales que dependerán directamente de la fiscalía general. El oficialismo fraccionó el mensaje de la Casa Gris y dejó para más adelante una parte importante de la reforma prevista al MPA donde se incluye la carrera pero también el régimen de disciplina entre otros aspectos. Hubo cuestionamientos de actores judiciales al mensaje que fueron escuchados atentamente por senadores y diputados. Esos cuestionamientos hicieron alguna mella en el seno del interbloque oficialista de 28 diputados. La salida elegida fue la menos traumática posible, no puso en riesgo la unidad pero los actores quedaron en seguir hablando y buscar las reformas a la redacción que le permitan a todos los actores empujar la reforma. La oposición -especialmente el justicialismo y Somos Vida- optó por abstenerse con el argumento cierto de que el dictamen a votar les fue entregado diez minutos antes de iniciarse la sesión. "Nos quieren llevar a las cachetadas y no es así", dijo un justicialista enojado con la actitud del oficialismo que tiene los votos para hacerlo. El interbloque justicialista y el bloque que conduce Amalia Granata de Somos Vida vienen ensayando desde el inicio del período un acercamiento para acordar posicionamientos frente a los proyectos. Entre ambos bloques tienen la llave para no permitir el tratamiento de leyes sobre tablas, nada más, pero es un ejercicio que hasta ahora viene siendo efectivo a través de negociaciones que encaran Celia Arena y Lucila De Ponti por un lado y Emiliano Peralta por el otro. El bloque de Inspirar (dos integrantes) generalmente adhiere a esa postura mientras que los tres miembros de la izquierda (Frente Amplio por la Soberanía) tiene juego propio.

Socialistas, radicales y aliados que conforman Unidos se comprometieron a sentarse en este enero con más actores del sistema judicial para lograr los consensos necesarios para avanzar con los otros instrumentos legales pendientes de tratamiento que reclama el Poder Ejecutivo. "Aprovechemos y trabajemos fuerte en enero", arenga Pullaro tanto a funcionarios como a legisladores. Tiene ya el gobernador las leyes que pensó y preparó durante la transición, ahora deberá ejecutar las políticas y determinar en el terreno si cumplen los objetivos pensados. Con las leyes de seguridad se juega gran parte del futuro político.