Salud mental, soberanía y las heridas abiertas de nuestra Patria Grande

Cada aniversario de nuestra emancipación nacional nos invita a colgar la bandera en el balcón y recordar los hitos de la gesta independentista. Sin embargo, detrás del bronce de los próceres, la verdadera libertad sigue siendo una tarea pendiente.

La soberanía de una nación no se mide solo por la ausencia de un lazo colonial formal en los papeles; se mide en la dignidad cotidiana de sus habitantes y en la integridad de su territorio. Hoy es imposible hablar de una patria libre si no ligamos esa libertad a la justicia social, a la soberanía económica, a la recuperación de nuestra tierra usurpada y a la salud mental de nuestras comunidades.

Tradicionalmente, la salud mental ha sido tratada por el poder político y el mercado como un asunto puramente médico o individual: un desequilibrio biológico o un drama familiar que se resuelve puertas adentro. Esa es una trampa ideológica. La salud mental es, ante todo, un hecho político y colectivo.

No hay mente que resista el desamparo, no hay psiquismo que no se quiebre ante la incertidumbre del hambre, el desarraigo o la violencia de la exclusión. Esta realidad se vuelve exponencialmente más cruel cuando miramos a los pueblos originarios. Para estas comunidades, la salud mental está intrínsecamente ligada a la libertad, a su cosmovisión y, fundamentalmente, al territorio.

El despojo sistemático de sus suelos ancestrales, el racismo estructural y el desprecio cultural no son solo delitos económicos; son ataques directos a su salud comunitaria. Un pueblo privado de sus raíces y condenado a la marginalidad sufre un trauma histórico que se transmite de generación en generación.

La verdadera libertad de los pueblos originarios exige el derecho efectivo a su autodeterminación. Ese mismo hilo conductor de despojo y colonialismo es el que nos une con la herida abierta de las Islas Malvinas.

La persistentemente ocupación británica en nuestro Atlántico Sur no es solo un conflicto cartográfico o un recuerdo bélico; es un acto de colonialismo flagrante y anacrónico que vulnera nuestra soberanía y saquea nuestros recursos pesqueros y energéticos.

La colonización de Malvinas es un insulto diario a la memoria de nuestros caídos y una amenaza constante a la paz de la región. El colonialismo, ya sea bajo la bota militar en nuestras islas o a través del despojo territorial a las comunidades originarias en el continente, opera bajo la misma lógica: quebrar la identidad, saquear la riqueza y someter la voluntad de los pueblos.

El impacto psicológico de vivir en una patria mutilada genera un desasosiego colectivo que solo se repara con la restitución de lo que nos pertenece. Es aquí donde la discusión se vuelve descarnadamente política. ¿Cómo podemos exigirle estabilidad emocional a una población que vive bajo el asfixiante yugo de las deudas financieras impuestas por los centros de poder global?

Cuando un Estado somete sus políticas públicas a los dictados de los organismos de crédito internacionales, destruye el tejido social. La timba financiera se traduce, en los barrios, en depresión, ansiedad, adicciones y suicidios. La economía del saqueo enferma; la justicia social sana.

Por eso, la salida no es individual ni estrictamente nacional: la respuesta es la Patria Grande. Aquel viejo sueño de José de San Martín, Simón Bolívar y Juana Azurduy hoy cobra una vigencia urgente. En un mundo globalizado y hostil, ningún país de nuestra América Latina puede salvarse solo.

La unidad regional es nuestra única coraza contra el neocolonialismo económico y cultural. Una Patria Grande unida y solidaria es la que nos va a permitir plantar bandera frente a los fondos buitre, exigir con una sola voz la descolonización de Malvinas y garantizar los derechos de todos los pueblos de la región.

La independencia no es un hecho del pasado que se festeja una vez al año; es una construcción diaria que se defiende con el cuerpo. Hasta que el Estado no reconozca la deuda histórica con los pueblos originarios, hasta que las Islas Malvinas vuelvan a ser administradas por su legítimo dueño, y hasta que la integración regional nos devuelva la soberanía económica, la emancipación será una ficción.

La verdadera libertad será con justicia social, con soberanía territorial y con la salud mental de nuestro pueblo como prioridad indiscutible, o no será nada. No existe soberanía sanitaria ni bienestar psicológico posible en un país fragmentado y de rodillas.

El autor es médico especialista en Psiquiatría y en Salud Mental Comunitaria.