Narcomenudeo: la ley divide aguas

Germán de los Santos

politica@ellitoral.com

La desfederalización del narcomenudeo es un tema que va y viene de la agenda política. Se mueve siempre de acuerdo con las dificultades que perforan la coyuntura de la seguridad en Santa Fe. Hasta ahora, nunca hubo consenso generalizado ni del poder político ni del judicial para que Santa Fe adhiera a la ley 26.052, que en 2005 estableció que las provincias podían hacerse cargo de combatir narcomenudeo con la Policía y la Justicia local.

Tras dos meses recargados de violencia y un recrudecimiento de los homicidios en las ciudades de Rosario y Santa Fe el tema volvió a entrar en discusión, como ya había pasado en otras oportunidades.

Los proyectos que pasaron hasta el momento por la Legislatura provincial no reunieron consenso mayoritario. Se presentaron en el Senado iniciativas para que la provincia adhiera a la ley Nº 26.052 en 2013, 2014 y 2016.

El Senado logró media sanción el 30 de noviembre pasado, la última del período ordinario, a la adhesión de la ley de narcomenudeo, impulsada por el legislador Lisandro Enrico (UCR-FPSUR-Gral. López). Se aprobó por unanimidad pero con escaso respaldo: se abstuvieron cinco legisladores.

Esta iniciativa perdería estado parlamentario este año. Hasta ahora, nunca prosperaron los proyectos para desfederalizar el narcomenudeo en la Cámara Baja, donde hay posiciones divididas tanto en el oficialismo como en la oposición.

El senador Armando Traferri (PJ), quien se abstuvo en la votación del 30 de noviembre pasado, dijo que es “imprescindible que existan las condiciones necesarias para que Santa Fe se haga cargo de un problema tan complejo”. “No hay fiscales ni una policía especializada ni capacitada para enfrentar este tema”, afirmó en diálogo con El Litoral.

Pero ahora, apareció un actor nuevo en escena, el gobierno nacional. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, comenzó a fogonear que las provincias se plieguen a la ley que fue sancionada en 2005, que hasta ahora tuvo poca adhesión en los distritos del interior.

Con distinto éxito, la desfederalización se aplica en Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Salta, Formosa y ahora Entre Ríos, donde la semana pasada la Legislatura votó a favor de que el combate contra el narcomenudeo pase a la órbita provincial. Entre Ríos se había plegado a la normativa pero fue declarada inconstitucional por la propia Justicia Federal después de un largo debate jurídico.

En Santa Fe, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, respalda la postura de su par nacional. También hizo público su apoyo otro radical, el vicegobernador Carlos Fascendini. Pero esta posición aún no reúne el apoyo de todo el socialismo. El peronismo también está dividido.

La oposición más fuerte proviene de la Justicia, tanto provincial como federal. El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, se opone sin medias tintas a esta idea. Hace dos semanas, una delegación de jueces federales viajó a Buenos Aires para reunirse con el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, para plantearle los resquemores que surgieron tras los dichos de Bullrich. Los funcionarios judiciales apuntaron que con la escasa capacitación y los niveles de corrupción de la Policía de Santa Fe sería un “suicidio” que el narcomenudeo pase a la órbita provincial, y exigieron mejor infraestructura y más personal.

La oposición más fuerte proviene de la Justicia, tanto provincial como federal. Hace dos semanas una delegación de jueces viajó a Buenos Aires para reunirse con el presidente de la Corte Suprema de la Nación.