Un equilibrio desequilibrado

Por Ricardo Roccaro

En el Pacto de Mayo, firmado en julio del año 2024, el presidente Javier Milei propuso diseñar un nuevo esquema de coparticipación de impuestos para la Argentina. En este momento, en función de las deliberaciones que se están registrando en Santa Fe, en el ámbito de la Convención Constituyente, al ingresar a la discusión el tema de las autonomías municipales, también está entrando en discusión la coparticipación.

Resulta oportuno señalar que el tema "coparticipación" ha estado y está bajo análisis y con permanentes propuestas para intentar lograr nuevos equilibrios. Ambos mecanismos tienen una vigencia superior a treinta y cinco (35) años. La ley nacional fue sancionada en 1988 y la ley provincial tuvo su sanción en 1975.

La pregunta que nos podemos formular es la siguiente: "¿Por qué cuesta tanto armar un esquema de distribución de los recursos tributarios nacionales y provinciales?". La respuesta es más simple de lo que se puede imaginar el lector. Es un mecanismo "suma cero", por cuanto, si uno o algunos mejoran su situación es porque necesariamente otro u otros la empeoran, viéndose estos últimos, perjudicados.

Para lograr equidad en los cambios a proponer, se deben analizar para cada sector (Nacional, Provincial o Municipal), que tributos administran y perciben, que competencias tienen y cuáles son los costos de dichas competencias, y en función de ello diseñar un sistema de transferencias entre los diferentes sectores para lograr un equilibrio económico – financiero de cada uno de ellos.

Los municipios y comunas tenían históricamente funciones muy acotadas, básicamente alumbrado, barrido y limpieza, y generalmente algunos controles, que se realizan básicamente sobre la actividad económica. Y su base conceptual es que el contribuyente paga una tasa, que es una retribución del servicio que presta o un derecho sobre una actividad que el sector municipal debe controlar.

Pero la realidad es que con el paso de los años, los gobiernos locales han incrementado sus competencias, incorporando salud, educación, desarrollo social, y un elemento no menor: obras públicas; y no siempre el Estado Provincial les ha asignado de manera justa los recursos.

El Gobierno Provincial, de manera discrecional ha intentado corregir esos desequilibrios con transferencias no automáticas, pero, siendo discrecional, los niveles de justicia en la distribución se vieron afectados por cuestiones relacionadas en muchos casos por preferencias políticas partidarias u otro tipo de preferencias. En la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales ha sucedido algo parecido.

En este último tiempo, el Gobierno Nacional ha abandonado ciertas competencias u obligaciones, justificando dicha conducta en el logro de eliminar el déficit fiscal; pero no ha modificado los mecanismos de coparticipación. Podemos tomar como testigos casos del abandono del mantenimiento de la red vial y la interrupción abrupta de las transferencias que el Gobierno Nacional realizó a las trece (13) cajas previsionales provinciales, dentro de las cuales está incluida la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe.

Estos incumplimientos que tiene el Gobierno Nacional de algunas de sus competencias naturales, impacta en los gobiernos provinciales que terminan haciéndose cargo de dichas funciones, y cuando los recursos ya no son suficientes, terminan generando estructuras deficitarias, que los obliga a solicitar asistencia al Gobierno Nacional, en un estado de indefensión y debilidad. Y esta situación termina impactando en una posible sumisión de los gobiernos provinciales, que hace debilitar un sistema federal, proclamado en la Constitución, y en la actualidad, ignorado en la realidad.

El desafío es encontrar los mecanismos que permitan lograr un resultado que sea equitativo, en el cual cada sector pueda delimitar sus funciones y competencias, y los niveles de recursos (propios y coparticipados) con los que deba contar estén en línea con los costos que insumen las funciones que deben ejecutar, con el objetivo claro que debe ser la satisfacción de necesidades colectivas de los ciudadanos.

Pero para eso, las nuevas leyes de distribuciones de recursos tributarios, nos deben acercar a un escenario de mayor automaticidad y de menor discrecionalidad, para lograr el sano resultado de eliminar los equilibrios desequilibrados.