Santa Fe debe adherir sin demoras a la Ley de ART

José Corral (*)

Estamos convencidos de que el Estado, en todos sus niveles, tiene que generar mejores condiciones para los trabajadores, la producción, la industria y el comercio. La Ley Nacional Nº 27.348, también conocida como Ley de ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo), es una iniciativa del Gobierno nacional que va en ese sentido. Las provincias que adhirieron a la norma han bajado la litigiosidad y, en consecuencia, redujeron las alícuotas que las empresas pagan a las ART. La provincia de Santa Fe aún lo hizo.

La norma establece que en caso de un accidente laboral, antes de iniciar un potencial juicio, los trabajadores deberán pasar por una comisión médica. En el marco de esa legislación, la Superintendencia de Riesgos de Trabajos (SRT) de la Nación lleva adelante el programa para descentralizar los trámites administrativos en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y acelerar los pasos, para que tanto las empresas como los trabajadores puedan tener una respuesta más diligente.

Por impulso del Municipio, en la Ciudad de Santa Fe contábamos con una oficina móvil. Y desde mayo tenemos una definitiva. Los trabajadores que han sufrido algún accidente laboral o enfermedad profesional, allí pueden resolver su situación de manera rápida y sencilla.

Impulsamos esto mientras esperamos que la provincia, en algún momento, adhiera a la ley.
¿Y por qué es tan necesario que esa adhesión suceda? Los números de la SRT sirven para entender la magnitud del problema. La provincia de Santa Fe representa el 6,4% del total de trabajadores asegurados, el 9,9% de los empleadores de todo el país y durante 2018 se notificaron en Santa Fe el 8% de los casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales registrados en todo el país. Sin embargo, en el mismo año, tuvimos en nuestra provincia el ¡20%! de la totalidad de los juicios del sistema. Es decir que 1 de cada 5 casos en Argentina fueron en territorio santafesino a pesar de que el tamaño del sistema de riesgos de Santa Fe es, tomando cualquier indicador, menos del 10%. Lamentablemente, la “industria del juicio” es una “industria” floreciente en la bota santafesina y se destaca en el concierto nacional.

La experiencia de las provincias que ya han adherido demuestra que la ley nacional es muy beneficiosa para el trabajador: aumentan las indemnizaciones, los trámites son más rápidos, gratuitos y los honorarios más bajos.

Hay una reingeniería de las tareas de las Comisiones Médicas que se descentralizan para llegar más cerca del trabajador. En nuestra provincia ya funcionan, además de habilitada en la capital, en Rosario, Sunchales y están previstas en Venado Tuerto, Reconquista, Rafaela, San Lorenzo y las que el gobierno provincial o los municipios en acuerdo con la SRT quieran abrir.

En caso de haber honorarios se regulan de acuerdo a la tarea realizada por el profesional sin vincularse con la cuantía de la indemnización. Todo esto deriva en menores costos para las empresas. La alícuota media de las provincias adheridas es de 2,77% mientras que en Santa Fe es de 3,76%, es decir 1% más. Por lo tanto el 1% de la masa salarial de toda la provincia es un sobrecosto para nuestra producción que nuestras empresas -en su enorme mayoría PyMES familiares- llevan como una pesada carga que se suma, entre otros ítems, al mayor costo de la energía y a mayores alícuotas de ingresos brutos que en muchas provincias argentinas.

El lector podrá preguntarse: ¿Por qué no se adhiere a la ley si es beneficiosa para el trabajador, baja la cantidad de juicios, reduce los costos para la producción y la gestión es más ágil y rápida? La única respuesta posible hay que buscarla en el fuerte lobby de quienes se verán perjudicados por la norma, si se aplicara. Ellos son los intermediarios y profesionales que cobran un porcentaje de las indemnizaciones. Una verdadera economía organizada en torno a trampas y manipulación del Derecho, que mueve fuertes intereses y que influye en las instituciones, gremios, etc.

La responsabilidad de la política es decirle “NO” a esos intereses particulares y privilegiar la protección de los trabajadores para asegurar su bienestar frente a esa circunstancia tan difícil y traumática del accidente de trabajo o la aparición de una enfermedad profesional.

La provincia de Santa Fe representa el 6,4% del total de trabajadores asegurados, el 9,9% de los empleadores de todo el país y durante 2018 se notificaron el 8% de los casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales registrados en todo el país. Sin embargo, tuvimos el ¡20%! de la totalidad de los juicios.

La experiencia de las provincias que ya han adherido demuestra que la ley nacional es muy beneficiosa para el trabajador: aumentan las indemnizaciones, los trámites son más rápidos, gratuitos y los honorarios más bajos.

(*) Intendente de Santa Fe. Dirigente de Juntos por el Cambio.