por Rogelio Alaniz
ralaniz@ellitoral.com
Cuando Hugo Chávez asumió el poder, el índice de crímenes anuales era de diecinueve personas cada cien mil habitantes, una cifra que para los organismos internacionales competentes era altísima. Hoy, a quince años de iniciada la revolución bolivariana el índice se eleva a setenta y nueve crímenes cada cien mil habitantes. Es decir que los niveles se han quintuplicado. Como se dice en estos casos: Chávez lo hizo. Y Maduro lo continúa. En la primera semana de 2014, la estrella televisiva Mónica Spear y su marido, fueron asesinados sin misericordia en la autopista que une Valencia con Puerto Cabello. El auto en el que viajaba la pareja con su hija de cinco años, se descompuso en la ruta. Eso y una condena a muerte en el país de la sedicente revolución bolivariana es más o menos lo mismo. En el caso de Spear y su marido fue así. Una banda de facinerosos asaltó la grúa que transportaba el auto con ellos adentro y, sin decir agua va, los acribillaron a balazos. La nena de cinco años se salvó entre los indios, porque la bala destinada a ella dio en la pierna. El botín de los asesinos fue más bien pobre: un par de relojes, una cámara de fotos, algunos pesos sueltos y nada más. En Venezuela no hace falta viajar con miles de pesos en los bolsillos para correr la suerte de esta pareja que en mala hora se le ocurrió ir a pasar las fiestas a ese país. Creer o reventar: fue necesario que una estrella de la farándula fuera muerta en esas circunstancias para que el presidente Maduro decidiera ponerse las pilas y dejara de lado por un momento su habitual cantilena acerca de que la inseguridad es un invento mediático de la burguesía imperialista. El impacto debe de haber sido alto para que el señor Nicolás Maduro decidiera hacer dos cosas que habitualmente nunca hace: capturar a los asesinos y convocar a los gobernadores oficialistas y opositores para empezar a conversar qué hacer con las bandas criminales que andan sueltas por la calle. En efecto, tan asustado estaba el heredero de Chávez, que movilizó a la policía para que detuviera a los autores de la muerte de Spear y su marido en un país donde el noventa y cinco por ciento de los homicidios son impunes. Y no sólo hizo eso: acto seguido, no tuvo reparos en darle la mano a Capriles, gobernador y líder de la oposición, calificado por el oficialismo como un demonio o algo peor. El discurso oficial del gobierno sobre el tema del delito y la inseguridad, no es muy diferente del de los Kirchner: la inseguridad no existe, es apenas una sensación alentada por los periodistas opositores. Y los delincuentes son víctimas sociales del capitalismo salvaje, por lo que, de lo que se trata es de luchar contra un orden económico injusto para concluir con el delito. Las argumentaciones son de una generalidad disparatada, pero además tan contradictorias que, de tomarlas en serio, el primer responsable de la inseguridad en Venezuela sería el gobierno, no por imputación de los opositores, sino por imputación propia. Veamos si no. Según la propaganda chavista, el país marcha en la línea prescripta por el socialismo del siglo XXI, es decir, la inclusión social es cada vez más alta, la igualdad crece y los únicos perjudicados por esta buena nueva son los oligarcas y los explotadores, cada vez más histéricos porque la revolución bolivariana les reserva un negro destino. La pregunta a hacerse en este caso es la siguiente:¿cómo es posible que en un país de creciente justicia social, los índices delictivos sean cada vez más altos? Si admitiéramos el razonamiento bolivariano, cuando afirma que la gente se vuelca al robo porque tiene hambre, Venezuela debería ser uno de los países más hambrientos del mundo. Sin embargo no es así. O por lo menos no es tan así, por la sencilla razón de que la premisa bolivariana es falsa y, por lo tanto, las conclusiones son falsas. Es falso, en primer lugar, el presupuesto de que los delincuentes son víctimas del sistema, una afirmación que podría llegar a admitirse en términos muy generales, pero que en circunstancias históricas concretas no dice nada, o lo poco que dice no alcanza para elaborar un diagnóstico correcto. Pasemos en limpio tantas desprolijidades. En Venezuela la pobreza sigue siendo alta más allá de la publicidad del chavismo. Efectivamente, hay muchos pobres, pero hay países que teniendo la misma pobreza que Venezuela no exhiben índices delictivos tan altos Si esto es así, hay que pensar entonces en causas más sistémicas, pensar, por ejemplo, que a las necesidades económicas se suman carencias culturales y la insistente propaganda de las autoridades chavistas a favor de las armas. Las armas. He aquí un problema serio que el chavismo ahora no sabe cómo resolver. Según sus dirigentes, el socialismo del siglo XXI debe incluir el principio del pueblo en armas. La consigna puede ser estimulante, pero lo cierto es que el mensaje que llega limpio a los barrios, es que hay que armarse para lo que sea, sobre todo en un país donde conseguir armas es tan sencillo como conseguir cerveza o guaro. Según estadísticas confiables, Venezuela es la nación que importa más armas en América Latina. Admitamos que los milicianos armados son muchachos decentes e idealistas, pero lo interesante, o lo perverso, es que las fronteras entre el hampa político y el hampa delictivo son cada vez más difusas. Esas “zonas grises” de las que hablan los sociólogos, para referirse a espacios en los que se entremezclan el dirigente popular, el puntero, el lumpen y el delincuente, son las que se amplían y crecen como muy bien lo sabemos y lo padecemos los argentinos, aunque en el caso de Venezuela el componente armado le otorga una singular peligrosidad. Decía que a esta realidad inquietante, se suma una publicidad estatal que insiste en justificar el delito. Hace unos años, en uno de sus maratones discursivos, Chávez interpeló a Cecilia Sosa, presidente entonces de la Corte Suprema de Justicia, del siguiente modo: “Yo si fuera pobre robaría señora jueza, ¿usted?”. “Yo también compañero presidente”, contestó la máxima autoridad judicial de la Nación. ¡Formidable! Desde las más altas investiduras del Estado legalizaban públicamente el robo por parte de los pobres. Como dijera Carlos Marx en uno de sus escritos periodísticos: “Si desde el poder ofrecéis semejante concierto ¿qué otra cosa podéis pretender que los de abajo bailen?” Y vaya si bailan. A los problemas de la calle se le suman los escandalosos conflictos en las cárceles, donde muchas veces los que mandan son los delincuentes. Es el caso de la cárcel Nacional de Maracaibo, donde Ramón Soto, detenido por asaltos a mano armada y secuestros extorsivos, se ha constituido en el líder máximo y su poder es superior al de los directivos de la institución. Completito. El hampa dueño de las calles y el hampa dueño de las cárceles. En términos prácticos, así se explica por qué desde que se inició la revolución bolivariana fracasaron los veinte planes de seguridad que se propusieron. Admitamos, a pesar de estas evidencias, que los gobiernos de Chávez y el de Maduro se propusieron sinceramente terminar con el delito. No es bueno para la propaganda de la revolución que los ladrones y los asesinos anden sueltos por la calle como panchos por su casa y sean cada vez más. Hasta los revolucionarios más convencidos, una vez conquistado el poder quieren orden y seguridad sin importarles el precio a pagar por ello. Salvo un detalle: a esta altura de los hechos se hace cada vez más difícil admitir que en Venezuela hubo o hay una revolución. Palabras más, palabras menos, admitamos que con semejantes contradicciones teóricas y prácticas se les va hacer muy difícil a los revolucionarios chavistas reducir los índices de criminalidad, entre otras cosas porque esa práctica social está internalizada por amplias franjas de las clases populares y el gobierno ha sido uno de los principales responsables en afianzar esos hábitos y, de alguna manera, legitimarlos.
A esta altura de los hechos se hace cada vez más difícil admitir que en Venezuela hubo o hay una revolución.




