Para volver a las aulas hace falta Gobierno

Maximiliano Pullaro y Juan Cruz Cándido | Diputados Provinciales UCR - Frente Progresista

Hace ya 10 meses se suspendieron las actividades educativas presenciales en nuestro país. Primero de manera total en todo el territorio nacional por decisión del poder central y luego, en las distintas etapas que tuvo el aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio, con distintas capacidades de decisión recuperadas por los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El desastre educativo es innegable. La propia Ministra de Educación reconoció que 40.000 estudiantes santafesinos habían perdido el año.

Algunas consideraciones, a modo de marco previo:

1. Clases hubo. Fueron en modalidad a distancia y con mucho esfuerzo de estudiantes, sus familias y de los docentes que enseñaron desde su casa, con sus recursos y posibilidades materiales.

2. Gran parte del ciclo lectivo, los docentes trabajaron sin haber tenido recomposición salarial ni paritaria, hecho inédito en los últimos 12 años de nuestra provincia.

3. Las clases presenciales, más aún en los primeros niveles, no solo mejoran el aprendizaje sino que posibilitan aprehender pautas de convivencia, de relacionamiento y ayudan a construir vínculos humanos. En cada etapa del crecimiento, la escuela constituye un espacio insoslayable de socialización y de construcción de la personalidad.

4. El encierro es la contracara de la virtualidad. Y tiene consecuencias difíciles de revertir en especial en los más chicos, donde la escuela presencial cumple una función social que no puede ser suplida.

5. Muchos estudiantes no pudieron acceder a las clases virtuales por no contar con los dispositivos o la conectividad necesaria.

6. Al final del año y en algunos casos puntuales se reanudaron encuentros presenciales.

7. La Provincia de Santa Fe tuvo margen de acción y tiempo, que no aprovechó.

Durante estos meses, diferentes sectores expresaron su preocupación por las consecuencias que la falta de clases presenciales tendría en los alumnos y su entorno. Y también en los docentes. Todo el sistema educativo se vio afectado; y desde la Legislatura trabajamos en distintas iniciativas: planificación del retorno a la presencialidad, educación virtual, programas de acompañamiento pedagógico, compensación salarial a agentes reemplazantes, entre otras propuestas que no fueron consideradas (y en el último caso vetada) por el Poder Ejecutivo.

Es obvio decirlo, y desde nuestro lugar nunca lo negamos. Primero está la política sanitaria en medio de una pandemia. No nos van a encontrar en el lugar hipócrita de exigir todo al mismo tiempo, como si el mundo estuviera atravesando tiempos ordinarios.

Lo que sí exigimos, y seguimos reclamando al Gobierno Provincial, es creatividad, proactividad, diálogo y decisión política para reducir la brecha, para achicar el universo de estudiantes alejados del sistema.

Exigimos creatividad para planificar un esquema flexible de clases presenciales, que contemple las realidades territoriales y epidemiológicas de un territorio tan diverso y extenso como el de nuestra provincia. En junio, presentamos el proyecto de Ley de Planificación Progresiva "Volver a la Escuela", donde se establecían estrategias, criterios, condiciones y modalidades para el retorno de las actividades presenciales en determinados casos, fundamentalmente en el ámbito de la ruralidad. Cuando presentamos la propuesta, llevábamos más de 60 días sin clases presenciales en toda la provincia, aún cuando en 4 departamentos no se había registrado hasta ese momento ningún caso positivo de COVID-19. No podemos seguir sin protocolos claros: padres, madres, médicos, enfermeros, policías, empleados públicos, comerciantes, obreros, profesionales volvieron a sus actividades presenciales con protocolos específicos.

El Estado no puede mantener al sistema educativo en la nebulosa.

La falta de protocolos claros y de una perspectiva cierta para el retorno a la presencialidad, en un contexto donde padres y madres han retomado muchas de sus actividades laborales, redunda en clandestinidad. No en todas las familias hay alguien que pueda acompañar la permanencia de chicos y chicas en sus casas o ayudarlos en las clases virtuales; y en muchos casos, los que pueden ocuparse de esas tareas de cuidado son abuelos o personas en situación de riesgo sanitario. Esto lleva a clases particulares o jardines armados en garages y patios, fuera de todo control por parte de las autoridades educativas y sanitarias. Los gobernantes pueden intentar explicar la realidad y deben tratar de mejorarla pero lo que no pueden hacer es negarla.

Exigimos proactividad para abordar la situación de aquellos estudiantes que -por distintas razones- no pudieron acceder a la educación virtual. Junto a la diputada y ex Ministra de Educación Claudia Balagué y un grupo de docentes presentamos una propuesta de Ley creando un Sistema de Acompañamiento Pedagógico para estudiantes de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Hoy se anuncia un programa reducido y acotado para apoyo escolar durante el verano: estamos casi terminando enero y todavía no lo pudieron organizar.

Exigimos disposición al diálogo para planificar, para aprovechar el tiempo de cuarentena trabajando en el regreso a las aulas lo antes posible, allí donde sea viable. Para escuchar a los docentes, a los alumnos, a las comunidades educativas, a los especialistas y también a los legisladores que estudiamos y trabajamos en distintos proyectos cumpliendo con la responsabilidad que nos encomendaron las urnas.

Y exigimos decisión política para poner los recursos del Estado en adecuar las instalaciones escolares a la necesaria distancia social, para sumar recursos humanos al sistema educativo que puedan mejorar la enseñanza virtual y contener a quienes están en una situación más vulnerable (al contrario, este gobierno destitularizó a 500 docentes capacitados para estas tareas), para dotar a las escuelas de los insumos necesarios para la bioseguridad (lo están haciendo en parte los municipios y comunas con recursos propios). Y decimos decisión política porque los recursos están: Santa Fe tiene un plazo fijo de más de 60.000 millones de pesos porque es el único gobierno del mundo que aprovechó la pandemia para juntar plata, a costa de todos los sectores de la educación, la producción, el trabajo y hasta la salud que se quedaron sin el acompañamiento del Estado. Quizá con la educación quieran hacer lo mismo: mientras no haya clases presenciales menos posibilidad de que los docentes se organicen y puedan reclamar por los salarios en negro y la precariedad a la que están siendo sometidos desde que Omar Perotti asumió la Gobernación.

Pobre futuro el de una provincia donde la vuelta a las clases presenciales luego de un año prácticamente sin actividad presencial depende, no solo de la situación epidemiológica, sino además de un gobierno conservador, que cree en el Estado mínimo y que, a sus escasas ideas, le suma una importante incapacidad de escuchar, planificar y gestionar.