La yerba no se cayó sola

Por Iván Osvaldo Ortega

Cuando se habla de la actual crisis yerbatera como si fuera un capítulo más dentro de una serie histórica de crisis del sector (1936, 1966, 1989, 2001, 2024), conviene encender una luz amarilla. Porque si bien la yerba mate tiene sus ciclos, sus crisis no son accidentes meteorológicos. No es el tiempo el que castiga al productor, sino el modelo. Naturalizar el colapso del precio de la hoja verde como parte de un "vaivén económico" es, en el fondo, una forma elegante de no hablar de poder: de quién fija los precios, de quién importa sin control, de quién se queda con la diferencia entre el sudor de la chacra y el ticket del supermercado. Y sobre todo, de quién abandona a los pequeños productores cuando ya no son útiles como símbolo ni como bandera.

En las góndolas del país, el paquete de yerba se paga como un lujo. Pero en las chacras donde nace ese símbolo nacional, miles de familias sobreviven en condiciones precarias. No por falta de trabajo. No por ineficiencia. Sino por una estructura diseñada para que siempre pierdan. Mientras algunos concentran la marca, el mercado y la exportación, otros pisan barro, esperan camiones que no llegan, y cobran por kilo menos que hace una década. Esta desigualdad no es nueva, pero se ha vuelto intolerable. La desregulación en marcha y la permisividad con la importación afectan directamente a los colonos misioneros, y no a los grandes molinos que hacen negocio incluso con yerba paraguaya.

El mercado está roto porque el precio lo pone el más fuerte. Y porque el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), ese ente autárquico no estatal que tanto costó construir y que tantos resultados positivos dio, hoy se ve maniatado por decisiones tomadas desde Buenos Aires, sin conocimiento ni sensibilidad por la realidad del interior profundo. Si esta situación no se revierte, no estamos ante una simple crisis sectorial, sino ante una demolición planificada de un sistema cooperativo y de arraigo que sostuvo a Misiones durante décadas.

La salida, claro que existe. Pero requiere decisión. Requiere que los entes gubernamentales, crediticios y financieros vuelvan a invertir en la chacra. Que apuesten al crecimiento del pequeño agricultor con créditos, con caminos, con infraestructura, con previsibilidad. Porque una provincia que deja caer su producción, su cultura del trabajo, su identidad rural, está dejando caer su futuro. En este contexto, es justo destacar que el gobierno de la provincia de Misiones ha manifestado una preocupación activa, gestionando recursos, sosteniendo precios mínimos en el INYM y visibilizando la problemática en el escenario nacional, muchas veces en soledad.

Las herramientas provinciales, sin embargo, tienen un límite cuando el mercado nacional está desregulado y el gobierno central decide no proteger a quienes trabajan la tierra. Es indispensable que el Congreso recupere su rol regulador y que se escuche de nuevo la voz de las provincias productoras. No se trata de nostalgia ni de subsidios. Se trata de justicia. Porque mientras haya productores que cosechen sin saber cuánto cobrarán, mientras haya familias que se endeuden para poder levantar la cosecha, mientras la rentabilidad esté reservada a tres o cuatro firmas que definen el negocio desde un escritorio, no habrá mate que alcance para endulzar esta historia.