Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la creación de un 'registro provincial de acopiadores y comercializadores de metales no ferrosos', al cual deberán inscribirse las personas humanas o jurídicas, que realicen actividades de carácter comercial o industrial, sea como actividad principal o accesoria, en forma permanente o eventual con metales no ferrosos. La decisión fue adoptada como un intento de sancionar el acopio de cables y otros elementos de cobre robados de la vía pública, delito que se viene produciendo con mucha asiduidad en la provincia y que perjudica especialmente a empresas prestatarias de servicios públicos (energía eléctrica, telefonía fija y móvil, internet, televisión por cable, agua corriente y gas natural) y a los usuarios que se quedan sin las prestaciones por los continuos robos. "Es un mercado negro que genera mucho movimiento de dinero y debemos tener una política inteligencia de persecución criminal" señaló la socialista Lionella Cattalini, autora de uno de los proyectos discutidos y analizados en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El otro es de Oscar Martínez (Frente Renovador) quien habló de darle elementos legales "para que los fiscales vayan contra las mafias de chacaritas y desarmaderos y no contra el robo famélico".


































