El embate contra la Corte fue uno de los ejes centrales del discurso de Alberto Fernández

Las críticas al Poder Judicial en general y a la Corte Suprema en particular tuvieron su apartado privilegiado en la alocución del presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa, aunque ya formaron parte de la misma introducción. Todo a centímetros de distancia de Cristina Fernández de Kirchner, a quien en el punto más efervescente de su discurso logró arrancar una sonrisa, y muy cerca de Horacio Rosatti y Carlos Ronsenkrantz, que asumieron la tarea de representar institucionalmente al Poder Judicial y la carga de soportar impertérritos la diatriba presidencial y el escrache colectivo del kirchnerismo, ante la atenta vigilancia de las cámaras oficiales.

Invitada sobre la hora (a las 19 de la víspera de la Asamblea) y tras un debate interno, la Corte decidió asistir representada por su presidente y su vice. En esta ocasión, el procurador Eduardo Casal ni siquiera fue incluido.

Antes de meterse de lleno específicamente con el Poder Judicial, Fernández fue matizando sus discursos con tempranas alusiones y chicanas: al principio, cuando pidió a la Justicia el esclarecimiento del intento de asesinato a Cristina, "con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman damnificados". Y después, cuando expresó su anhelo de "que la Justicia argentina vuelva a abrazar el derecho y deje de perseguir a quienes sostienen la causa popular".

A continuación fue el turno de la consabida enumeración de logros de su gestión, que debió batallar con "el cerco informativo" de los intereses mediáticos y que llevó a cabo "con mi moderación", como ironizó machaconamente en la introducción. Y que encuadró en una mirada capaz de advertir y afrontar "la pobreza, la inflación, la inseguridad y los bajos ingresos", aún en medio de una cobertura periodística "que intenta generar desánimo y malestar".

Luego de culpar a la Corte por la falta de federalismo en el país, en un tramo del discurso que desató el festejo de la concurrencia oficialista y las primeras rechiflas de la oposición, Fernández se dedicó a contradecir el fallo sobre coparticipación que ordenó devolver los fondos coparticipables restados a la Capital Federal para entregárselos a la provincia de Buenos Aires.

"Tomar cartas"

En ese punto el discurso desembarcó ya con más amplitud en la desautorización del Poder Judicial.

Y luego de pretender haber honrado la promesa de "acabar con los sótanos de la democracia" y vociferar que "el espionaje ilegal ya no existe", aseguró que "nada de eso sirve" si se mantiene la supuesta connivencia de los jueces con "poderes fácticos y políticos", en alusión a los chats de Lago Escondido.

Invocando falta de confianza pública en la Justicia, y un sistemático accionar para entrometerse en cuestiones presupuestarias (por el fallo sobre coparticipación en favor de CABA), en cuestiones legislativas (Consejo de la Magistratura) y para "burlar la ley mediante medidas cautelares" (regulación del precio de las tarifas de telecomunicaciones), sostuvo que eso lo llevó a decidir que era su tarea "tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar su solución".

Según Fernández, en un pasmoso ejercicio de reduccionismo direccionado, si hubiese prosperado la reforma de la Justicia Federal que él impulsó y "si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio"; en la única referencia que dedicó a la provincia a lo largo de la extensa exposición, con chicana a los legisladores santafesinos de la oposición incluidos.

Simulaciones

Tras atribuir a esas cuestiones el pedido de juicio político a la Corte y pretender que "no hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia", y añadir una extensa lista de las defecciones en la materia que atribuye tanto a magistrados como a la oposición política, el mandatario llegó a un punto crucial de la exposición en la materia, y se dedicó a vilipendiar el proceso contra Cristina Fernández.

Con el encuadre del accionar de "una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición", "apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad", proclamó que "hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la Vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política.

Tras meterse en un apresurado análisis de los fundamentos del fallo en contra de la vicepresidenta, y aludir tanto a las pretendidas "violaciones del debido proceso" que detectó, recomendó "que todos reflexionemos en torno a lo que aquí he dicho. No importan las cercanías o afinidades políticas, se trata de reponer el Estado de Derecho y hacer valer nuestra Constitución. Levantamos nuestra voz porque el reclamo de justicia cobra vigencia una vez más cuando el derecho se tuerce por el odio y la persecución política", remató.

Una trama de conflicto

En sus tres discursos previos ante la Asamblea Legislativa, el Presidente pidió al Congreso una reforma de la Corte Suprema y de la Justicia Federal. En lo que va de su mandato no consiguió ninguna de esas cosas. Este año añadió el intento de destituir a los ministros a través de un juicio político, casa que tampoco parece estar a su alcance.

La reforma de la Justicia Federal se aprobó en el Senado y se estancó en Diputados. En cuanto a la reforma de la Corte, todo quedó en las sugerencias de una comisión convocada para eso, pero nunca llegó siquiera a ser un proyecto de ley.

Tampoco consiguió designar a su elegido para la Procuración General, el juez federal Daniel Rafecas, objetivo con el que insistió en el período de extraordinarias, durante el cual el Senado (que debía considerarlo) ni siquiera se reunió en comisiones.

En tanto, para cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco al renunciar a la Corte, ni siquiera llegó a proponer a alguien, y el cuerpo siguió funcionando con cuatro ministros.

En cuanto al Consejo de la Magistratura, anulada por la Corte la reforma que en 2006 impulsó Cristina Kirchner para reforzar el peso del sector político y el oficialismo en el cuerpo que designa y remueve a los jueces, no se consiguió aprobar un nuevo diseño que se ajuste a lo que manda la Constitución Nacional. Y el retorno a la ley original de 1999 desató un crisis política de inusitadas consecuencias, además de usarse como uno de los arietes del oficialismo para atacar a la Corte.

Por un lado, porque esa norma le da la presidencia del Consejo de la Magistratura al presidente de la Corte, que hoy es Horacio Rosatti.

Un año después, el Consejo de 20 miembros se conformó a medias. Los jueces, los abogados, los académicos y los diputados eligieron a sus consejeros, que juraron y asumieron sus cargos. En cuanto a los senadores, Cristina Kirchner dividió el bloque para quedarse con la banca de la segunda minoría y el kirchnerismo adjudicó a Martín Doñate. La Corte anuló esa decisión y, luego de una impasse, tomó juramento a los demás senadores consejeros.