Bullrich lanzó la reforma Penal con la que busca cerrar "la puerta giratoria" desde el Congreso

“El que la hace, la paga”. Con su frase de cabecera, Patricia Bullrich presentó este lunes el proyecto de reforma integral del Código Penal que el gobierno de Javier Milei enviará al Congreso para ser tratado en sesiones extraordinarias.

En conferencia de prensa, desde Casa Rosada, Bullrich encabezó su último acto público como ministra de Seguridad y el primero como alfil parlamentario, rol que cumplirá como jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

Acompañada por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y funcionarios del área de Justicia, habló de “una actualización indispensable” de un Código redactado hace un siglo, modificado en parches y —según dijo— permisivo con los delitos graves. El texto de la reforma endurece penas, elimina prescripciones, garantiza cumplimiento efectivo y robustece la posición de la víctima.

El Ejecutivo apuesta a que el proyecto de reforma integral del Código Penal sea uno de los ejes del debate de sesiones extraordinarias. Bullrich lo dijo sin atajos: “Los Códigos no se cambian todos los días. El Congreso tiene una misión histórica”.

Penas más altas y prisión efectiva

La propuesta del Ejecutivo endurece penas para un abanico amplio de delitos: homicidios simples y agravados, robos, narcotráfico, abuso sexual, trata de personas y secuestros extorsivos. La lógica general es clara: elevar mínimos, impedir que condenas inferiores a tres años queden sin cumplimiento y reforzar la idea de castigo proporcional al daño.

Bullrich remarcó que el proyecto asegura “cumplimiento efectivo en el 82% de los delitos”. Lo explicó así: “Hoy, cuando la pena no supera los tres años, el delincuente no cumple condena. Eso se termina. Con este nuevo código se elevan los mínimos y se cierran los espacios de excarcelación automática”.

El Ministerio de Justicia reforzó el mensaje en un comunicado: “Se elevan los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados. La reforma da respuesta a un reclamo histórico de la sociedad”.

Uno de los puntos más destacados es el nuevo esquema para homicidios. El homicidio simple pasará de un máximo actual de 25 años a uno de 30. Y en el homicidio agravado, la prisión perpetua será realmente perpetua, sin límite temporal.

El proyecto también incorpora agravantes por la identidad de la víctima: magnicidios, asesinatos de docentes o directivos educativos mientras cumplen funciones, crímenes contra menores de 16 años o mayores de 65.

Delitos imprescriptibles

Otro eje central es la eliminación de la prescripción para delitos considerados gravísimos. La ministra enumeró: “Homicidio agravado, abuso sexual en todas sus modalidades, corrupción de menores, trata de personas, secuestros extorsivos, atentados al orden constitucional, terrorismo, narcotráfico”. Según Bullrich, que estos delitos no tengan vencimiento “evita injusticias hacia las víctimas y protege a quienes suelen quedar desamparados por el paso del tiempo”.

El paquete también incluye un capítulo específico para corrupción, con penas sensiblemente más altas para funcionarios que cometan delitos contra la administración pública. “Si sos funcionario tenés más responsabilidad. Tenés que cuidar la plata de la gente. Si las hacés, las pagás fuerte”, sostuvo Bullrich.

Adorni, por su parte, enmarcó todo el proyecto dentro de un cambio estructural del sistema penal: implementación del sistema acusatorio, baja de edad de imputabilidad y reconfiguración general de delitos y penas. “Este código forma parte de un mandato social: terminar con la inseguridad y poner a la víctima en el centro”, afirmó.

La ministra también señaló que la iniciativa apunta a cerrar la “puerta giratoria” de la justicia penal que, según su diagnóstico, permitió que “delincuentes, violadores y asesinos” salieran antes de tiempo. “La sociedad no puede seguir encontrándose a la vuelta de la esquina con quienes deberían estar presos”, dijo.

Nuevas figuras penales

El proyecto incorpora figuras nuevas y redefine otras. Uno de los cambios más destacados es la tipificación de conducción imprudente, uno de los reclamos históricos de las Madres del Dolor.

Hoy, la pena para ese delito va de 1 a 3 años; en su versión agravada, de 2 a 4. El proyecto eleva esos rangos a 2-6 años y 3-6 años respectivamente.

“Si manejaste imprudentemente, si estabas mirando el celular, lo tenés que pensar antes. La imprudencia es delito”, insistió Bullrich.

En materia de abuso de armas, la ministra fue terminante: “Si salís con un arma, la condena será taxativa. No importa si estaba cargada o no. Se terminó la interpretación judicial”.

Otro de los puntos fuertes es la redefinición de la legítima defensa, para favorecer a quien se defiende frente a una agresión ilegítima. “Vamos a cambiar la presunción en favor de quien se defiende. Esa será siempre la interpretación inicial”, explicó.

Además, el proyecto incorpora la obligación de informar a las víctimas o a sus familias sobre cualquier beneficio procesal otorgado al condenado: condena condicional, salidas temporarias, salidas educativas o libertad condicional.